El Congreso de la República aprobó una ley que prohíbe el embargo de mascotas de compañía, especialmente aquellas reconocidas como animales de soporte emocional, dentro de procesos judiciales relacionados con deudas u otros litigios civiles. La iniciativa ahora queda a la espera de sanción presidencial.
Con esta medida, se modifican el artículo 687 del Código Civil y el artículo 594 del Código General del Proceso, estableciendo que los animales domésticos no podrán ser objeto de medidas cautelares, lo que impide su separación forzosa de sus familias por motivos legales o financieros.
El senador Alejandro Carlos Chacón fue coautor y ponente de la iniciativa en el Senado, la cual tiene como objetivo principal proteger el vínculo afectivo entre las personas y sus mascotas, particularmente en situaciones de vulnerabilidad emocional o médica.
“La ley define como animales domésticos de compañía a aquellos introducidos al núcleo familiar y con los que se crean lazos afectivos, como perros, gatos, entre otros. Asimismo, se reconoce como animales de soporte emocional a aquellos que brindan alivio y asistencia emocional, siempre que su vínculo con una persona esté certificado por un profesional de la salud mental”, señala el texto aprobado.
Además de declarar la inembargabilidad de las mascotas, la norma promueve un trato más compasivo hacia ellas, especialmente en entornos judiciales donde antes podían ser apartadas de sus cuidadores.
Más avances en la legislación animal en Colombia
La aprobación de esta ley coincide con la entrada en vigor de otras dos normativas clave en materia de protección animal: la Ley Ángel y la Ley Lorenzo.
La Ley Ángel actualiza el Estatuto Nacional de Protección de los Animales (Ley 84 de 1989) y fortalece las sanciones por maltrato animal. Según cifras oficiales, desde 2016 se han reportado más de 15.500 casos de maltrato en Colombia, pero solo el 1,4 % ha terminado en condenas.
Con esta norma, quienes maten con dolo a un animal, lo lesionen gravemente o lo abusen sexualmente enfrentarán penas de más de cuatro años de prisión, lo que hará que estos delitos ya no sean excarcelables.
También aumentarán las multas: pasarán de cinco a un rango entre 15 y 30 salarios mínimos si hay lesiones graves, y de 30 a 60 en caso de muerte. Además, se establecerán penas accesorias como la prohibición de tener animales hasta por el doble del tiempo de la condena, la inhabilidad para ejercer profesiones u oficios relacionados con animales y la creación de un registro nacional de personas condenadas, a cargo de la Fiscalía y la Policía.
Por su parte, la Ley Lorenzo promueve el uso de tecnologías que permitan reemplazar progresivamente a los perros utilizados en vigilancia privada. También busca garantizar mejores condiciones para aquellos que aún cumplen estas funciones. Esta ley se inspira en el caso de Lorenzo, un perro que fue maltratado mientras prestaba servicios de seguridad en un centro comercial de Bogotá, lo que generó una fuerte reacción social y motivó la creación de esta norma.
