Hace cuatro años que el petróleo inició la caída de su precio y hoy todavía ronda la mitad de ese valor que le permitió a los países productores de crudo incrementar rápidamente sus ingresos fiscales.
Colombia no estuvo exenta y las consecuencias de la caída del precio internacional del petróleo ya son conocidas.
Varios kilómetros más arriba, en México, lograron que su déficit fiscal fuera inferior al que se calculaba debía ser ante la caída de sus ingresos y otros factores de la coyuntura que igual les llevaron a tal nivel de devaluación que su Banco Central debió vender dólares en subasta en repetidas ocasiones durante una misma jornada.
La razón para que en México los precios del petróleo no representaran una caída de los ingresos fiscales tan agresiva como en sus pares regionales, incluida Colombia, fue un mecanismo que implementaron hace cerca de 20 años: las coberturas de petróleo.
Utilizadas como una especie de seguro contra la caída de una parte del valor del crudo, México logró garantizar que la pérdida de dólares que le ingresaban por la venta del petróleo fuera menor a la esperada.
Hoy Colombia está a dos debates en el Congreso de aprobar la implementación de un sistema similar.
La Ley de Financiamiento, que ya pasó a plenarias de Senado y Cámara de Representantes, incluye en su articulado la creación del Fondo de Estabilización de Ingresos Fiscales (Feif), una propuesta poco discutida públicamente pues el foco se lo han llevado otros puntos como el IVA y el impuesto a la renta.
De aprobarse, el Feif estaría a cargo del Ministerio de Hacienda y tendría su propia directiva, encargada de definir las reglas de juego con las que se implementará este tipo de “seguro” para los ingresos provenientes de la actividad petrolera.
Andrés Pardo, viceministro general de Hacienda, explicó que “la idea es protegerse un poco ante la alta volatilidad que tienen los precios del petróleo y las implicaciones que eso puede tener a nivel fiscal”.
Las coberturas servirían entonces como un seguro sobre los ingresos petroleros del país, evitando que se repita la historia y Colombia pase de recibir $24 billones por petróleo en 2013 a prácticamente $0 en 2017 por la misma actividad.
“Eso tiene unas implicaciones no solamente a nivel fiscal en lo que está pasando con los ingresos en un año en particular, sino que también tiene unas repercusiones sobre la calidad crediticia del país”, agregó Pardo.
Si el país registra una disminución en sus ingresos por la actividad petrolera, las tasas de interés de sus bonos y la prima de riesgo con la que finalmente obtiene endeudamiento en el exterior incrementan, haciendo más costoso el endeudamiento en épocas de menores ingresos y reduciendo así la capacidad de gasto del Estado para otras necesidades, como las sociales.
