Colombia es un país que históricamente ha dependido de sus recursos hídricos para generar energía. Sin embargo, frente a un contexto de escasez, el fantasma de un apagón podría convertirse en una realidad.
Con una matriz energética dominada en un 68 % por la generación hidroeléctrica y un fenómeno de El Niño cada vez más intenso, según proyecciones de la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el país podría enfrentar un déficit de 1.000 megavatios (MW) de energía firme para 2027.
Aunque ya muchos no lo recuerden, a principios de los años 90, el país ya vivió una crisis que dejó a millones de familias colombianas sin electricidad durante meses. Hoy, después de casi más de tres décadas, esta situación podría repetirse, ya que, en septiembre de 2023, los embalses del país alcanzaron su nivel más bajo en décadas, con sólo un 49,75 % de capacidad, según datos de XM, operador del sistema eléctrico nacional.
Frente a este contexto, las empresas son uno de los actores que mayores desafíos enfrentan en cuanto a la disponibilidad y los costos de energía, lo que podría generar un impacto socioeconómico significativo.
Por ello, expertos en el sector han señalado que las organizaciones tienen la capacidad de influir en esta situación si desarrollan estrategias para gestionar de manera eficiente su demanda energética. Esto no solo mejoraría sus márgenes y operaciones, sino que también reduciría las emisiones de carbono e incluso crearía nuevas fuentes de ingresos.
Santiago Uribe, cofundador y gerente comercial de Azimut Energía, empresa que promueve alternativas para garantizar un suministro eléctrico eficiente, confiable y sostenible en distintos sectores, señala que el alto costo de la energía ha afectado a todas las industrias en los últimos años. Por ello, considera crucial que las empresas inviertan en eficiencia energética y energías renovables para reducir sus costos operativos.
«La clave está en la eficiencia y en la transición hacia modelos de generación distribuida. Por esta razón, trabajamos con empresas de distintos sectores promoviendo estrategias que, mediante diversas tecnologías, les permitan identificar áreas de alto consumo energético con oportunidades de ahorro, evaluar la viabilidad de implementar energías renovables y recibir recomendaciones para optimizar el uso de recursos», enfatiza Uribe.
¿Colombia enfrenta una crisis de energía?
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) suman indicadores preocupantes: a partir de 2025, el margen de reserva energética se prevé que se reducirá significativamente, proyectando un déficit del 4 % al 6 % para 2027 y 2028. En términos de capacidad instalada, esto equivale a la necesidad de entre 1.500 y 2.000 MW adicionales para evitar una crisis en el suministro.
La situación se agrava debido a los retos financieros y regulatorios que han frenado el desarrollo de nuevos proyectos de generación. La falta de inversión en infraestructura energética y la incertidumbre regulatoria han retrasado la entrada en operación de proyectos clave, lo que pone en riesgo la seguridad energética del país.
“Para 2027 y 2028, necesitamos una nueva capacidad instalada de energía firme”, explica Uribe, quien agrega que “si no actuamos ahora, el sistema colombiano podría colapsar”.
Por esta razón, es fundamental que más empresas se sumen a iniciativas energéticas. En este contexto, el Banco de Bogotá, en alianza con Azimut Energía, lanzó el año pasado un fondo de energía de $150.000 millones para financiar proyectos de eficiencia energética y energías renovables en distintos sectores.
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La estructura del fondo permite a las empresas beneficiarse de recursos de capital sin asumir deudas directas y, sin tener una inversión inicial. Además, los ahorros de energía generados a partir de estas estrategias permiten cubrir la totalidad de las inversiones realizadas, facilitando que las empresas adopten las últimas y mejores tecnologías de eficiencia energética disponibles en el mercado. Asimismo, las organizaciones contribuyen a generar un impacto positivo en el medioambiente.
«El sector privado debe liderar la transición energética, no solo por la sostenibilidad del negocio, sino por la seguridad energética del país. La eficiencia y la generación distribuida serán claves para evitar un apagón futuro», afirma Uribe.
Colombia enfrenta una encrucijada energética. El déficit de energía firme proyectado para 2027 es una alerta que no puede ser ignorada, no solo por el riesgo de desabastecimiento, sino también por su impacto en la economía. Según Statista, en 2023 el suministro de energía representó el 2,95 % del PIB, lo que evidencia su papel clave en el desarrollo del país.
Y en este contexto, el sector industrial es el mayor consumidor de electricidad, seguido por la explotación de minas y carbón. En cuanto al gas, la industria demanda más del 26 % del consumo total, mientras que la generación térmica, clave para la producción de electricidad, representa más del 30 %.
Para evitar una crisis energética con consecuencias devastadoras, es crucial que empresas, gobierno y consumidores trabajen en conjunto en soluciones sostenibles que garanticen la estabilidad del sistema eléctrico.
