El Ministerio de Hacienda de Colombia acaba de dar a conocer el documento de política pública que abarca el desarrollo del sistema financiero y del mercado de capitales de aquí a los próximos cinco años.
Son cinco los objetivos que abarca la iniciativa del Gobierno Nacional: promoción de la transformación eficiente del ahorro e inversión; facilitar la digitalización; consolidar la seguridad y estabilidad del sistema financiero; impulsar el acceso universal al sistema de pagos electrónicos; y finalmente: fortalecer el marco constitucional.
Para darle más dientes a esta política pública, el Ministerio de Hacienda confirmó que en los próximos meses va presentarle al Congreso de la República un proyecto de ley para liderar cambios sustanciales en esos campos.
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Iniciativa legislativa que incluye la regulación del sistema de pagos a la cabeza del Banco de la República, pero que también tiene en cuenta la adopción de un nuevo esquema de licenciamiento modular para el mercado de capitales.
Un cambio sustancial que propone el documento tiene que ver con la migración de la tasa de interés calculada por el DTF al IBR (Indicador Bancario de Referencia), pues se necesita, según el Ministerio, un indicador confiable del costo del dinero y que refleje “de manera acertada la dinámica del mercado monetario”.
Para lo anterior se entregará una propuesta al Banco de la República para llevar a cabo la transición ordenada del DTF al IBR, para lo cual se crearán espacios de retroalimentación con la industria con el fin de realizar un diagnóstico juicioso sobre la modificación.
Otro cambio sustancial que busca el Ministerio es actualizar el marco jurídico de la industria aseguradora, así como la puesta en marcha de un esquema regulatorio más flexible correspondiente a la administración de activos de terceros.
En el marco de esas transformaciones al sistema financiero, para hacerlo más manejable y eficiente, el proyecto planteará la posibilidad al Congreso de ampliar las facultades de la Superintendencia Financiera.
“Se propondrá una reforma en la cual se faculte a la Superintendencia Financiera para realizar conciliaciones prejudiciales para dirimir los conflictos que se someten a su consideración, lo cual beneficia a los consumidores financieros quienes podrán contar con la posibilidad de solucionar sus controversias de manera más rápida y eficiente”.
Finalmente, y acerca de la profundización sobre el manejo del mercado de capitales (que toma recomendaciones de la Misión de Mercado de Capitales del año pasado) el proyecto que va a presentarse al Congreso planteará cambios a la Ley 964 de 2005.
En ese sentido se buscan alternativas para el mercado desintermediado, “de manera que el Gobierno Nacional pueda modificar las actividades de las licencias existentes y autorizar la ejecución de actividades nuevas o vigentes en el mercado a actores nuevos o ya consolidados”.
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Sobre las enajenaciones
El plan también trae un apartado sobre lo que debería cambiarse en los procesos de enajenación de entidades estatales en Colombia. Para lo cual se esperan modificaciones a la Ley 226 de 1995.
Sobre posibles cambios regulatorios para reducir tiempos en operaciones que se ejecutan en el mercado privado no habría modificaciones sustanciales, pero sí se buscan transformaciones para el caso de las enajenaciones en los mercados de capitales (donde también se cuentan a las compañías listadas en bolsa).
“Una vez fijado el precio mínimo de venta, el Gobierno nacional debe otorgar dos meses a los beneficiarios de condiciones especiales para que presenten ofertas, lo cual no solo no se ajusta a los usos internacionales para la formación de precios en el mercado de capitales, sino que también generan mayores riesgos al proceso de enajenación”, se lee en el documento.
Es decir que estas modificaciones otorgarán garantías a los beneficiarios de condiciones especiales “para que tengan preferencia cuando presenten sus ofertas, al tiempo que se eliminan las ineficiencias resaltadas”, concluye el documento.
Esta es la propuesta completa el Ministerio de Hacienda.
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