El nuevo programa de concesiones que tendrá Colombia promete darle un vuelco a la forma como se construyen estos megaproyectos y dejar de lado los problemas que se han presentado con las vías de cuarta generación (4G).
Falta de coordinación institucional, peajes con tarifas exorbitantes, procesos sociales que quedan a medias y déficit de alternativas para financiar las obras son algunos de los dolores de cabeza que se han presentado a lo largo y ancho del país.
Y no es para menos. Al cierre del Gobierno anterior, de las 29 vías 4G, 13 presentaban problemas administrativos, 20 tenían trabas en temas prediales, 17 contaban con problemas ambientales y 19 enfrentaban situaciones sociales. Vea más información en infraestructura.
La administración del presidente Iván Duque ha logrado destrabar buena parte de estas, pero no ha sido suficiente. En diversas zonas del país se siguen presentando problemas con comunidades, así como enfrentamientos entre gobernantes y privados.
De allí su interés de darle un giro de 180 grados a la estructuración de los denominados proyectos del Bicentenarios, entre los que hay importantes autopistas, puertos, aeropuertos y corredores férreos.
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Para lograrlo, el Gobierno está cocinando una política pública robusta, que incluiría cambios en temas sensibles como las tarifas de peajes y el impacto ambiental de los proyectos. Pero también otros que las empresas venían pidiendo a gritos desde hace varios años.
Cambios en peajes
En el caso de los peajes, desde Planeación Nacional se encontró que no se estaría teniendo en cuenta los impactos socioeconómicos de estos cobros en algunos sectores de la población, lo que ha generado su rechazo.
“En algunas zonas, la estructura tarifaria de los peajes no necesariamente se ajusta a la capacidad de pago de las personas del área de influencia del proyecto, lo que genera resistencia y oposición de la comunidad”, señala un borrador de Conpes.
¿Cuál sería la solución? Tener en cuenta los “criterios socioeconómicos” de las personas a la hora de cobrar peajes, es decir, que cada persona pague según lo que tiene, aunque no hay detalles de cómo se aplicaría esta medida.
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Con esto se buscará asegurar una mayor sostenibilidad social y económica de los proyectos 5G, pero también atender las necesidades de las personas que hacen parte del área de influencia de los megaproyectos.
Otras fuentes de pago
Ahora bien, este no es el único punto relacionado con los recursos que financian las obras. La política que se plantea busca, además, poner en marcha el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura.
En palabras sencillas, se pretende encontrar otras formas de obtener recursos para las iniciativas públicas, ya que las vigencias futuras y los peajes ya están a tope. Los aportes del Estado y los colombianos ya están siendo usados para las 4G, con lo cual se deben buscar alternativas para los nuevos proyectos.
Entre estas se encuentra el pago de valorización por parte de las personas beneficiadas por los proyectos de infraestructura, política que se aprobó el año pasado en otro Conpes.
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Pero también se está estudiando abrir el sector a nuevos mercados y recursos de financiamiento climático, de tal modo que aumente el uso de bonos de carbono, verdes, sociales y sostenibles.
“Facilitando la aplicación de estas nuevas fuentes de financiación con criterios ambientales, se promueve la reactivación económica sostenible y resiliente, asegura que se mejoren los estándares de sostenibilidad de los proyectos 5G, y facilita la posibilidad de que algunos de los activos de los proyectos puedan ser considerados verdes a nivel internacional”, agrega.
Comunidades y medioambiente
De forma paralela, el borrador de Conpes plantea cambios profundos en la forma en que el Estado y los privados trabajan con las comunidades impactadas por los proyectos.
Entre otras, se busca contar con una radiografía de las inversiones sociales que se deben hacer en las asociaciones público – privadas (APP), diferentes a las que por ley deben realizarse por medio de las consultas previas.
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De igual forma, se garantizará un mayor acceso a oportunidades laborales para población que históricamente no ha hecho parte de estos proyectos, como lo son las mujeres.
Asimismo, habrá códigos de infraestructura verde y políticas de mitigación, gestión y adaptación del riesgo climático, así como incentivos para quienes desarrollen prácticas sostenibles en medio de las concesiones.
Multimodalidad
Finalmente, la política plantea cambios puntuales que permitan mejorar la multimodalidad en el país, que por años ha sido una deuda en el sector.
En este caso se mejorará de una vez por todas la forma como se financian los proyectos férreos y habrá ajustes en los modelos de reversión de las concesiones portuarias, dos temas que hoy le generan dolores de cabeza al Estado.
Aunque también se cambiaría el modelo de financiación de los proyectos de aeropuertos. Bajo el nuevo esquema, las obras se ejecutarían progresivamente con base en la demanda alcanzada.
“El usuario final pagará solo por la infraestructura requerida, así como el Estado únicamente construirá la infraestructura necesaria”, señala el documento.
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