
La Superintendencia de Transporte, entidad encargada de hacer inspección y vigilancia sobre los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), ha confirmado la apertura de 315 investigaciones administrativas contra diversos CEA por presuntas irregularidades en los trámites de licencias de conducción.
Además, la entidad gestiona más de 2.000 trámites relacionados con actuaciones administrativas, averiguaciones internas, quejas y otros procedimientos. En este contexto, y ante la creciente demanda de licencias de conducción, especialmente en la categoría A2 para motocicletas, la Superintendencia ha priorizado la supervisión de estos procesos.
Como parte de esta estrategia, se ha implementado la campaña ‘Que no te engañen’, cuyo objetivo es informar tanto a los CEA como a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes en el trámite de licencias de conducción. Asimismo, la campaña busca reforzar la importancia del cumplimiento de la normativa vigente, con el fin de prevenir sanciones tanto penales como administrativas.
Ayda Lucy Ospina Arias, superintendente de Transporte, destacó el papel fundamental de los CEA en la formación de conductores responsables y reiteró el compromiso de la entidad con una supervisión rigurosa de estos organismos.
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A través de esta campaña, la Superintendencia enfatiza las responsabilidades de los CEA en la formación y certificación de conductores. Entre sus obligaciones se encuentran la difusión clara de información sobre los servicios ofrecidos, tarifas y horarios de atención, la aplicación estricta de los exámenes teóricos y prácticos, y el reporte inmediato de los cursos impartidos al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
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Por su parte, los usuarios deben verificar los costos de los servicios, proporcionar sus datos personales y confirmar su inscripción en el RUNT para garantizar un proceso formativo adecuado. Este procedimiento es uno de los cambios clave que deben considerar quienes deseen obtener una licencia de conducción.
El cumplimiento de estas disposiciones es esencial para fortalecer la legalidad y seguridad en la obtención de licencias de conducción. Garantizar que los nuevos conductores reciban una formación adecuada contribuye significativamente a mejorar la movilidad segura en el país.