El pasado jueves en Colombia se realizaron marchas convocadas por el presidente Gustavo Petro para pedir por el nombramiento de la nueva fiscal general de la Nación.
La idea era que fuese nombrada alguna de las postuladas por Petro para tener a alguien de su gobierno con experiencia relacionada.
La reunión convocada en la Corte Suprema de Justicia el 8 de febrero terminó sin ningún acuerdo entre los magistrados sobre la elección de la nueva fiscal de la Nación, que reemplazaría a Francisco Barbosa.
Ante ello, asumirá el cargo la actual vicefiscal, Martha Mancera, hasta que la Corte Suprema vuelva a sesionar, el 22 de febrero.
Ninguna de las candidatas de la terna propuesta por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, alcanzó los 16 votos necesarios para ser elegida. En ella participaban Luz Adriana Camargo, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez.
“Sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la ronda de votación para la nueva fiscal general de la Nación, hicimos dos rondas y el resultado final es que ninguna de las candidatas sacó los votos requeridos.
La Corte continuará cumpliendo con su función constitucional en el marco de este proceso en la próxima sesión ordinaria”, aseguró Gerson Chaverra, presidente del tribunal.
Esta decisión de los magistrados generó molestias en los ciudadanos que marchaban a favor del gobierno Petro, y ante ello hicieron bloqueos al Palacio de la Justicia en Bogotá.
El mandatario de Colombia fue el primero en convocar a marchas nacionales las cuales terminaron en disturbios en la sede del Palacio de Justicia donde estaban los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Ante los desmanes por la presión del gobierno Petro para la elección de la fiscal y el inesperado resultado, tuvo que intervenir la Policía y el ESMAD para retirar a los ciudadanos y que los magistrados salieran en sus respectivos vehículos blindados.
Los manifestantes bloquearon las salidas del Palacio de Justa por ocho horas y Petro declaró “son mis ordenes, garantizar la libre movilidad y nadie la obstaculiza en este momento” …sic.
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Además, el Gobierno ha insistido en que Mancera ha sido blanda a la hora de investigar delitos del narcotráfico y posibles hechos de corrupción, pero que ha sido muy rigurosa en el proceso de presuntos ingresos de dineros ilegales a la campaña de Gustavo Petro por los aportes de Fecode.
Por ello, Diana Fajardo Rivera, presidenta de la Corte Constitucional llamó a la calma a los ciudadanos.
¿Pero qué es un choque de trenes y por qué no quedó la fiscal?
El llamado ‘choque de trenes’ es cuando dos poderes de las ramas del poder público como la ejecutiva, legislativa y judicial tienen problemas.
Por ejemplo, puede haber choque de trenes entre la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el término se usa más para lo que ocurre en materia de la rama judicial.
Las dos altas cortes pueden no estar de acuerdo en atacar una medida o un fallo, y el lío pasa al ámbito público.
El “choque de trenes” se da cuando cuando la Corte Constitucional estudia tutelas contra sentencias de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado que pueden haber violado derechos fundamentales.
Las ramas del poder público en Colombia
- Rama ejecutiva: es representada por el presidente de la República, que hace las veces de jefe de Estado y de Gobierno ya que planifica, impulsa el cumplimiento de la constitución y las leyes.
También está integrado por los ministros, los directores de los departamentos administrativos y los superintendentes, que tienen la función de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de todos los colombianos.
En el nivel regional está representado por gobernadores y alcaldes.
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- Rama legislativa: es representada por el Congreso de la República, con los miembros del Senado y la Cámara de Representantes.
Formulan las leyes, mantienen el control político del país y reforman la Constitución.
Ojo: elijen a los altos funcionarios pertenecientes a la rama judicial.
- Rama judicial: es integrada por las cortes y tribunales, su función es solucionar los conflictos que surjan entre el Estado y los ciudadanos o entre estos últimos.
Por ello, al no elegir a la fiscal general de la Nación, hubo choque de trenes entre la rama judicial (magistrados de la Corte Suprema) y la rama ejecutiva.
“La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia.
En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley. Todo conflicto o diferencia deben ser tramitados por medio de los procedimientos institucionales consagrados en el orden jurídico”, aclaró la Corte Suprema de Justicia ante los ataques del jueves.
