En el departamento del Chocó existe actualmente una situación de incertidumbre debido a la presencia de dos gobernadores. Ariel Palacios, quien fue suspendido y enviado a prisión preventiva debido a un proceso judicial por presuntos vicios en contratos, ha retomado sus funciones como gobernador del Chocó.
Palacios recuperó su libertad por vencimiento de términos, y desde entonces se desató una duda jurídica sobre si podía o no retomar sus funciones.
El mandatario, que fue electo en 2019 y suspendido en 2022, reclamó el despacho que había sido ocupado por Farlin Perea, nombrada por el Ministerio del Interior, para reemplazar las funciones del entonces capturado.
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¿Golpe de Estado en la Gobernación del Chocó?
La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, emitió un comunicado a la opinión pública denunciando la preocupante situación administrativa que vive hoy el departamento del Chocó.
En el comunicado se lee: “Palacios de manera arbitrariamente al recobrar su libertad se ‘tomó’ las instalaciones de la gobernación, aduciendo que esa situación lo habilita para regresar a sus actividades como gobernador, se apropió de las claves de las cuentas bancarias de la entidad, cambio las guardas de la cerradura del palacio de gobierno”, añade la entidad.
Su defensa interpretó que, una vez se cayó la detención, también derribó la suspensión del cargo. Así las cosas, tendría el derecho de volver a su oficina y emitir órdenes en el departamento, tal y como lo ha hecho.
La entidad entonces mencionó que elevan la denuncia penal ante los organismos para que se proceda por esas acciones que incrementan la incertidumbre de la región del país, donde en la práctica hoy hay dos gobernadores.
El documento fue firmado por el presidente y fundador de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, Pablo Bustos Sánchez.
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