El Comité Intergremial de Colombia, integrado por Andesco, Acolgen, Asocodis, Andeg y Naturgas, envió una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiendo enfocar los esfuerzos hacia medidas de corto plazo para aliviar las tarifas de la energía -especialmente en la Costa Caribe- en lugar de priorizar una reforma a la Ley de Servicios Públicos que podría tardar más de un año.
Al mismo tiempo, los líderes gremiales que firmaron la carta indican que es necesario que el Gobierno Petro enfoque sus esfuerzos en permitir mayor oferta de energía para atender la alta demanda del mercado colombiano.
Camilo Sánchez de Andesco; Natalia Gutiérrez de Acolgen; Alejandro Castañeda de Andeg y Luz Stella Murgas de Naturgas firmaron la misiva que recibió el presidente Petro.
La carta, conocida por Valora Analitik, indica:
“La situación del incremento de las tarifas en esta región del país obedece a una confluencia de hechos, entre otros, por la hidrología crítica generada por el Fenómeno de El Niño, la estrechez del mercado de contratos de largo plazo, el crecimiento de factores macroeconómicos y la aplicación del régimen transitorio especial que buscaba solucionar de manera estructural la prestación del servicio en la Costa Caribe.
Es importante destacar que la búsqueda de nuevos agentes que asumieran la prestación del servicio en la región se sustentó en la Ley, con el fin de superar las condiciones históricas de ausencia de inversión, de control sobre las pérdidas y la falta de pago oportuno.
Las empresas actuales asumieron responsabilidades de ejecución de altos niveles de inversión, desconociendo los efectos de la pandemia y de los eventos indicados.
Los hechos antes mencionados son independientes a la discusión de la reforma que se ha anunciado a la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos; por lo tanto, solucionar un tema puntual que requiere acciones inmediatas no corresponde con la motivación de una reforma legal.
Es preciso aclarar que una modificación de esta Ley no se traducirá en una reducción de las tarifas en el corto plazo; por un lado, debido a que el proceso de discusión, aprobación e implementación puede tomar más de un año, y por otro, por cuanto las modificaciones propuestas inicialmente conocidas podrían ser contraproducentes, ya que en lugar de mejorar pueden deteriorar los niveles del servicio ya alcanzados”.
Tal como se expresa en esos párrafos, el Comité Intergremial le está pidiendo al Gobierno Petro enfocar sus esfuerzos en atender las necesidades de corto plazo y no gastar energías en una reforma a ley que requerirá más tiempo en los debates en el Congreso.
Y advierte la carta que: “tenemos una demanda creciendo a más del doble del promedio histórico (entre enero 2024 y enero 2023 incrementó 7,9%); mientras por su parte, la oferta no viene creciendo según lo esperado.
Según cifras de XM, de la nueva capacidad de generación esperada para el 2021 de 1.9 GW ingresó tan solo el 7% (0,13 GW); para el 2022, en donde se esperaban 3.6 GW, ingresó el 28%; y para el 2023, de los 6.6 GW esperados ingresó sólo el 17%.
Con este escenario, debemos además trabajar de manera conjunta por disminuir los riesgos que enfrenta el desarrollo de proyectos, buscando aumentar la competencia en el mercado para traer muy pronto beneficios a todos los colombianos”.
Lanzan 5 propuestas para Petro
En la carta, los firmantes lanzaron entonces 5 propuestas para que el Gobierno pueda dar salida a la coyuntura de tarifas altas, apretón de producción de energía, baja en los niveles de los embalses y retos por el Fenómeno de El Niño.
La primera propuesta indica: “Ratificamos nuestra solicitud de apropiar recursos del Presupuesto General de la Nación que se traduzcan en un alivio a los usuarios de la región; para lo cual proponemos dos alternativas:
a. Cubrir los saldos de la opción tarifaria: Asignar $2,5 billones para aliviar a los usuarios de la región Caribe del saldo que estos tienen pendiente por pagar a los prestadores, deuda que es mayor que el resto del país a razón de la aplicación del régimen transitorio.
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Esta sería una medida efectiva para los usuarios de la costa, que implica un pago por parte del Gobierno Nacional de $0,8 billones a Aire y $1,7 billones a Afinia por concepto de alivio a estos usuarios, donde las empresas solo serían el canal para aplicar esta ayuda. Estos montos están inicialmente planteados para cobrarse vía tarifa en año y medio en el primer caso, y en siete años, en el segundo.
b. Cubrir el 50% de las pérdidas durante seis meses: Asignar $1 billón de pesos a los dos prestadores del servicio de energía del Caribe, para cubrir el equivalente al 50% del valor del componente promedio de pérdidas durante los próximos seis meses, periodo durante el cual esperamos haber superado el Fenómeno de El Niño”.
La segunda propuesta del Comité Intergremial al Gobierno Petro pide generar las condiciones que permitan que los proyectos de energía en construcción o en proceso, especialmente los de Fuentes Renovables No Convencionales; garantizar la disponibilidad de gas natural, para lo cual es indispensable seguir incrementando la exploración y producción para aumentar las reservas probadas; mejorar las condiciones de seguridad que hoy están poniendo en riesgo a la infraestructura energética y la integridad física del personal operativo; realizar el nombramiento de los seis expertos comisionados de la CREG con dedicación exclusiva.
La carta menciona que la tercera propuesta es: “En cuanto a las pérdidas no técnicas de energía eléctrica es importante no sólo que se realicen las denuncias por los fraudes, sino además que, desde el Gobierno Nacional se fortalezca la penalización por conexiones ilegales y robo de energía, y se sumen esfuerzos con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros y con la Fiscalía General de la Nación contra este flagelo.
Además, es pertinente que por parte del Gobierno Nacional se realice una campaña de uso eficiente de la energía, y se promueva la conversión tecnológica o reemplazo de electrodomésticos y demás elementos por aquellos que consumen de manera más eficiente la energía que requieren”.
En cuanto a la cuarta propuesta, el documento indica: “Aseguramiento del pago total de la deuda oficial y de usuarios constitucionalmente protegidos.
La recepción del pago de los valores adeudados por concepto del servicio de energía permite a los prestadores tener una mejor condición para recomponer aquellos montos que están bajo su gestión, como la razón a la que se están recuperando los saldos de la opción tarifaria.
Para las dos empresas que operan en esta región del país, esta deuda asciende a alrededor de $ 350 mil millones”.
Y, finalmente, la quita propuesta lanzada por el Comité Intergremial al presidente Petro es: “Revisión de los impuestos locales definidos por los gobiernos departamentales y municipales.
Hoy existen impuestos locales como el alumbrado público e impuestos de seguridad, que son definidos y liquidados por los gobiernos locales, y vienen siendo cobrados a los usuarios de la región a través de la factura de energía, según acuerdos de recaudo previos, los cuales pueden llegar a representar el 30% del valor de la factura”.
Finalmente, los gremios del sector servicios públicos y energía enviaron un mensaje al Gobierno sobre al régimen tarifario.
“Es pertinente precisar que este se ha desarrollado bajo preceptos y principios contenidos en la Ley, que deben mantenerse; y en caso de requerirse una modificación de las fórmulas, estas deben garantizar la remuneración de los costos de prestación de los servicios con incentivos suficientes para asegurar que las inversiones (ya sea con recursos públicos, privados o mixtos) requeridas para prestar los servicios con calidad, se ejecuten efectivamente. De lo contrario, estaríamos retrocediendo en el tiempo, a las épocas de finales de los años 80´s en los que la ausencia de las inversiones nos llevó a un apagón”, concluyó.
El texto completo de la carta del Comité al presidente Petro se puede leer haciendo clic aquí.