Medellín por fin le pondrá rostro y fecha a una deuda histórica con los derechos humanos y la dignidad carcelaria: la nueva Cárcel Metropolitana para Sindicados comenzará a construirse en el corregimiento de San Cristóbal y se entregará en 2027. Esta infraestructura busca enfrentar una de las problemáticas más urgentes del sistema penitenciario local: el dramático hacinamiento en estaciones de Policía y centros de detención transitorios, donde hoy permanecen más de 1.800 personas en condiciones críticas.
Así lo explicó a Valora Analitik, el secretario de Seguridad y Convivencia de la ciudad, Manuel Villa, en un diálogo donde abordó la importancia de esta megaobra que promete dejar más que un reclusorio, dejar una obra de mayor impacto para la región y el país.
Y es que las cifras no mienten: el hacinamiento en las estaciones de Policía de Medellín es del 193 %, y en algunos puntos específicos, como la Sijín, el número de detenidos ha llegado a superar el 1.600 % de sobrepoblación. A pesar de que estos espacios deberían ser lugares de paso, en la práctica se han convertido en centros de reclusión improvisados, donde convergen riesgos de salud, seguridad, violaciones a derechos fundamentales y una sobrecarga operativa para la Policía, que además no tiene funciones formales de custodia de internos.
Una solución estructural y urgente
El nuevo proyecto de cárcel fue anunciado nuevamente por el alcalde Federico Gutiérrez el pasado 12 de febrero, quien destacó que los recursos ya están garantizados y que está pendiente conocerse algunos detalles sobre el avance de obras y cronogramas. “Con esta cárcel buscamos mitigar el hacinamiento y dar una respuesta a una problemática que ha sido ignorada por años”, señaló el mandatario.
La cárcel tendrá capacidad para 1.339 sindicados, distribuidos en cinco pabellones, además de contar con edificios especializados para atención médica, servicios judiciales y espacios de acompañamiento psicosocial. Se construirá bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP), siendo la primera cárcel del país bajo esta modalidad, un hito para la infraestructura pública en Colombia.
¿Por qué una cárcel exclusiva para sindicados?
Porque así lo ordenaron la Corte Constitucional y el Tribunal Superior de Medellín desde hace casi una década. En 2015, la Corte declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema carcelario y exigió a Medellín encontrar una solución concreta al hacinamiento de personas privadas de la libertad sin condena. Luego, en 2019, el Tribunal ordenó construir una cárcel metropolitana con capacidad similar o superior a la del centro carcelario Pedregal, y con un plazo de tres años para su entrega, que se vencía en 2022.
Los retrasos han sido notorios y cuestionados, en parte por demoras institucionales, pero también por las controversias en torno a la contratación del proyecto. No obstante, ahora se retoma el camino con una apuesta clara por la innovación en gestión carcelaria.
Así, lejos de ser solo un “reclusorio” para sindicados, la nueva cárcel también será un centro de resocialización y formación. El alcalde Gutiérrez y el secretario Villa aseguraron que uno de los grandes propósitos es ofrecer a los internos herramientas que les permitan reinserción efectiva a la sociedad, una vez hayan cumplido sus tiempos de reclusión.
Por ello, la Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas (Agencia APP) lideró la estructuración de este proyecto, que ha sido diseñado bajo estándares internacionales en derechos humanos y eficiencia operativa. Además de pabellones y servicios, se prestarán servicios complementarios como alimentación, lavandería y aseo, garantizando condiciones dignas y sostenibles.
Ventajas del modelo APP en infraestructura carcelaria
El modelo de Asociación Público Privada permite vincular capital privado para financiar infraestructura pública y asegurar una serie de ventajas en términos de eficiencia, sostenibilidad y control de calidad. Entre los beneficios destacados de este modelo se encuentran:
- Multas al operador si excede la capacidad autorizada, lo que previene nuevos hacinamientos.
- Remuneración por servicio, solo si se cumplen indicadores de calidad.
- Transferencia de riesgos, lo que evita que el Estado asuma demoras o sobrecostos injustificados.
- Supervisión e interventoría constante, para garantizar cumplimiento técnico y legal.
Con esto, Medellín se convierte en ciudad pionera en Colombia en infraestructura carcelaria mediante APP, y marca un precedente para el desarrollo de cárceles más humanas, eficientes y modernas.
De este modo, la nueva cárcel representa una respuesta estructural a una crisis humanitaria silenciosa que ha persistido en los sótanos del sistema judicial. En 2022, las cifras mostraban un hacinamiento del 248 % en las estaciones del Valle de Aburrá y del 150 % en los centros transitorios del país. Las condiciones eran descritas por la Personería como “inhumanas”, con personas durmiendo en el piso, sin acceso suficiente a alimentación, agua o atención médica.
Con la nueva infraestructura, se espera reducir el hacinamiento, descongestionar estaciones de Policía, mejorar las condiciones de detención y dar cumplimiento a las sentencias judiciales. Pero más allá de eso, Medellín busca recuperar el principio de dignidad humana, incluso en contextos difíciles como la detención preventiva.
La Cárcel Metropolitana para Sindicados responde ante este contexto a una obligación judicial, pero también a cómo se pueden construir infraestructuras sociales bajo esquemas modernos de gestión, con estándares de calidad y sostenibilidad. Si el modelo resulta exitoso, podría ser replicado en otras ciudades de Colombia que hoy enfrentan problemáticas similares, como Bogotá, Cali, Barranquilla o Valledupar.
