El megaproyecto del Canal del Dique generó una nueva polémica esta semana y llevó a que otro mandatario local tuviera un choque con el gobierno de Gustavo Petro.
La situación se presentó con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.
La principal razón del enfrentamiento tiene que ver con la solicitud del gobierno Petro de realizar un estudio de impacto ambiental en el Canal del Dique.
En la práctica, este es el análisis que se hace en las iniciativas que requieren una licencia ambiental, con lo cual se haría necesario aplicarla en el megaproyecto de restauración. Esto generó el nuevo choque con el gobierno Petro.
Licencia ambiental para Canal del Dique, nuevo choque con gobierno Petro
Según un documento firmado por la ministra Muhamad, hay consideraciones “técnicas y jurídicas” y “de prevención” que permiten solicitar el estudio de impacto ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Según el gobierno Petro, con esto se busca “evitar un deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medioambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje”.
Ante esto, la ANLA respondió que está revisando el concepto emitido por el Ministerio de Ambiente, con el fin de tomar una decisión frente al Canal del Dique.
No obstante, el alcalde Turbay tuvo un choque con el gobierno Petro por esta solicitud, por cuenta de las demoras que podría generar en el inicio de las obras, que, en total, prevén inversiones por más de $3 billones.
“No entiende uno cómo un proyecto que pretende restaurar ambientalmente un ecosistema evidentemente deteriorado, se frene porque necesita licencia ambiental”, dijo el mandatario de Cartagena en su cuenta de X.
E invitó a la ministra Muhamad y la ANLA a “dar una discusión seria, técnica, rigurosa, pero sobre todo responsable con este importante proyecto de impacto socioeconómico y medioambiental”.
A pesar de lo anterior, fuentes cercanas de la española Sacyr -que tiene a cargo del Canal del Dique- han dicho desde al año pasado que no ven un problema con que se solicite la licencia ambiental para el megaproyecto.
De hecho, aseguran que esta posibilidad quedó contemplada en el contrato de concesión y estaría a cargo del Gobierno Nacional.
