Asociación de Camioneros denuncia persecución del gobierno Petro y exige protección a derechos humanos

La Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) mediante un comunicado expresó que el Gobierno de Gustavo Petro le hace persecución.

Transportadores de Colombia
Camioneros en Colombia. Foto: MinTransporte.

Este lunes la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) dio a conocer por medio de un comunicado su preocupación ante “una persecución por parte del Gobierno”.

La alerta se da después de que el presidente Gustavo Petro calificara a los transportadores como «golpistas y militantes políticos», pues hubo descontento por parte del gremio tras conocer que el Gobierno hará aumento en el precio del ACPM.

De acuerdo con la ACC, durante agosto de 2022 se acordó con el gobierno Petro estudiar y concretar una manera para establecer el precio de los combustibles y no aumentar el ACPM a paridad internacional.

Al realizar dicho incumplimiento, el gremio escribió en el comunicado que se afectará su patrimonio, “por ser el camionero el eslabón más débil de la cadena de transporte y no reconocerse el valor real de su labor”.

Paso seguido, la ACC, declaró que halla muy grave la acusación de Petro en la red social X donde aseguró que las juntas directivas del gremio de camioneros están constituidas por personal de corriente política uribista, es decir, de extrema derecha.

Lo que busca Petro con esta acusación es expresar que desde que inició su mandato en 2022, los camioneros buscan parar las carreteras y organizarse para dar un golpe de Estado.

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Por ello, la ACC rechaza esta declaración y responsabiliza al presidente de Colombia de la vida y seguridad de los miembros de la agremiación, ya que creó militantes políticos y según el gremio, se está violando su derecho a la protesta.

“Por lo anterior, hace que seamos perseguidos por el gobierno nacional y denunciamos persecución a la protesta pacífica, solicitamos a la comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, a la oficina para los Derechos Humanos de la ONU, y a la Defensoría del Pueblo, se inicien acciones tendientes a la protección integral de nuestros directivos”, se aprecia en el comunicado.

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