La Corte Constitucional avanza en el análisis de la reforma pensional aprobada mediante la Ley 2381 de 2024, cuya implementación está prevista para el 1 de julio de 2025. Este proceso es de gran relevancia, ya que la norma introduce modificaciones estructurales al sistema de pensiones vigente en el país; sin embargo, su aplicación podría ser anulada.
El alto tribunal evalúa 12 demandas que cuestionan la constitucionalidad de la ley, con especial énfasis en posibles irregularidades durante su trámite legislativo. Estos argumentos podrían poner en riesgo la reforma pensional.
En este contexto, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, recientemente posesionado como presidente de la Corte Constitucional, oficializó la radicación de la ponencia que evaluará la validez de la reforma. Asimismo, señaló que espera que la Sala Plena tome una decisión de fondo en un plazo de tres a cinco semanas, lo que permitirá conocer el destino del proyecto, una de las principales propuestas del presidente Gustavo Petro durante su campaña electoral.
Por su parte, el presidente Petro ha defendido la reforma, argumentando que su implementación es esencial para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en Colombia.
Según el mandatario, la coexistencia de dos modelos de pensión desde la expedición de la Ley 100 ha generado inequidades, dado que, mientras el Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones, otorga pensiones efectivas, el sistema de cuentas individuales, gestionado por fondos privados, presenta deficiencias en cobertura y garantía de prestaciones.
Posibles cambios en caso de que la Corte anule la reforma pensional
Si la Corte Constitucional declara inexequible la reforma, el sistema pensional continuará rigiéndose bajo la Ley 100, lo que implicaría la permanencia de los dos regímenes actuales: el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) y el Régimen de Prima Media (RPM).
En este escenario, los ciudadanos mantendrían la libertad de elección entre los fondos privados de pensión, como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia, o el régimen administrado por Colpensiones, sin las restricciones establecidas en la nueva normativa.
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Uno de los principales cambios contemplados en la reforma es el establecimiento de un umbral de 2,3 salarios mínimos para cotizar en Colpensiones, mientras que los aportes que excedan este límite se canalizarían en las Administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI). Por tanto, esta sería la principal novedad que tendría esta eventual decisión.
No obstante, si la Corte anula la ley, esta disposición no entraría en vigor y se mantendrían las reglas actuales de afiliación, lo que otorgaría mayores libertades a los fondos privados para gestionar las cotizaciones de los ciudadanos, por tanto, lo que se aplica en la reforma pensional, no se llevaría a cabo.
El fallo de la Corte Constitucional será determinante para el futuro del sistema pensional en Colombia. Su decisión no solo definirá la viabilidad de la reforma, sino que también impactará la estabilidad financiera de los jubilados y la estructura del sistema de pensiones para las generaciones futuras.
