La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) emitió un comunicado en el que aclaró y cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la reasignación de recursos destinados a la infraestructura vial para financiar la campaña contra la fiebre amarilla.
Según el mandatario, dichos fondos serían redirigidos desde proyectos de concesión vial de cuarta y quinta generación (4G y 5G, respectivamente).
De acuerdo con la CCI, actualmente todos los proyectos de concesión vigentes están cumpliendo con sus obligaciones contractuales. La entidad enfatizó que no existe incumplimiento alguno atribuible a las concesionarias, y que los avances financieros están plenamente documentados y respaldados por los mecanismos de supervisión del Estado.
En ese contexto, la CCI explicó que los recursos públicos transferidos a las fiducias tienen como único propósito cubrir los costos de obras ya ejecutadas y entregadas al Estado, con la respectiva aprobación técnica y jurídica.
Estas transferencias, además, obedecen a compromisos adquiridos mediante el esquema de vigencias futuras, el cual permite financiar proyectos de infraestructura mediante el apalancamiento de capital privado.
Ahora bien, en el caso de las obras paralizadas o inconclusas, la CCI afirmó que no son atribuibles a fallas de los concesionarios, sino a decisiones administrativas que deben ser tomadas por el Gobierno Nacional.
¿Pude el presidente Petro destinar recursos de infraestructura para la campaña contra la fiebre amarilla?
En su declaración, el presidente Petro afirmó que “el dinero se encuentra en fideicomisos bancarios porque las concesiones no están cumpliendo con los contratos de construcción de carreteras. He solicitado a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al Ministerio de Hacienda que realicen visitas inmediatas para verificar el grado de incumplimiento y, en consecuencia, la posible estafa contra la nación, perpetrada con la complicidad de algunos funcionarios públicos”.
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Estas palabras sugieren que el Gobierno tiene la intención de utilizar los recursos originalmente destinados a concesiones viales para atender la emergencia derivada de la fiebre amarilla, frente a la cual el Ministerio de Salud ha declarado la alerta sanitaria en todo el país.
Sin embargo, la CCI respondió y recordó que los recursos ya girados a los patrimonios autónomos no pueden ser redirigidos a otros sectores. Según la entidad, dichos fondos están sujetos a restricciones contractuales y presupuestales que impiden su utilización con fines distintos a los establecidos en los contratos de concesión.
La Cámara también destacó que el mecanismo de vigencias futuras ha demostrado ser eficaz y transparente en la financiación de infraestructura pública.
Como ejemplo de ello, mencionó el proyecto férreo La Dorada – Chiriguaná, que fue contratado bajo este esquema por el actual gobierno, y la vía Pasto – Popayán, que está en proceso de licitación.
