La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) solicitó la intervención de la Procuraduría para revisar el proyecto de resolución que adelanta el Ministerio de Ambiente sobre los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá,
El gremio respaldo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y a los más de 35 alcaldes municipales que según ellos «se verían afectados» por esta norma que alista el Gobierno.
Camacol coincide en la importancia de que los procesos en los que se impacte el ordenamiento territorial se gestionen en el marco de la Constitución y la ley, y anota que las decisiones deben tomarse respetando competencias y el debido proceso, con la participación de todos los actores involucrados y con análisis técnicos e información de calidad sobre el territorio.
Camacol sobre la resolución que alista MinAmbiente
En un comunicado, el gremió anotó:“La construcción sostenible y formal es nuestra prioridad, y por eso insta al Gobierno Nacional a que genere verdaderos espacios de diálogo que procuren un equilibrio entre el cuidado del ambiente y el crecimiento social y económico de los colombianos”.
Camacol expresó que impone restricciones ambientales sin un proceso participativo, afectando gravemente el desarrollo urbano y la calidad de vida de millones de ciudadanos.
“La decisión del Ministerio de Ambiente deja en el limbo a miles de familias, proyectos de vivienda e infraestructura esenciales para Bogotá y más de 30 municipios. No solo genera incertidumbre jurídica y paraliza el desarrollo urbano, sino que también desconoce la autonomía territorial y el derecho de los ciudadanos a una ciudad planificada y sostenible”
Y agregó: “Desde Camacol respaldamos las acciones anunciadas por el alcalde Carlos Fernando Galán para defender el ordenamiento de la ciudad y garantizar el acceso a la vivienda y el bienestar de los bogotanos”, aseveró, Guillermo Herrera, presidente ejecutivo de Camacol.
La posición de Camacol
De acuerdo al análisis realizado por Camacol Bogotá y Cundinamarca, el impacto de la resolución ambiental del Ministerio de Ambiente, pone en riesgo la construcción de 360.000 viviendas en Bogotá y la Sabana, al bloquear el desarrollo en 2.930 hectáreas, afectando directamente a miles de familias que buscan acceder a vivienda formal.
La norma bloquearía, además 60 planes parciales en casi 3.000 hectáreas de suelo urbanizable, impactando especialmente la Vivienda de Interés Social, que representa el 65 % de estos proyectos.
Finalmente, sostiene que el proyecto ha sido un proceso unilateral del Gobierno Nacional que no ha cumplido con los requerimientos legales.
“No hubo participación ciudadana ni concertación con las autoridades locales. El gremio exalta que las determinaciones ambientales deben garantizar la sostenibilidad sin vulnerar los derechos de la ciudadanía ni bloquear el desarrollo ordenado. Por ello, solicitamos el acompañamiento inmediato de la Procuraduría para salvaguardar los derechos de los bogotanos y Cundinamara”.
Desde la Región Metropolitana Bogotá – Cundinamarca también hubo pronunciamiento: “El proyecto de resolución desconoce dinámicas existentes en términos sociales, demográficos, económicos y agrícolas que deben tenerse en cuenta para el diseño de una visión colectiva, sostenible y viable”.
Asimismo, indicaron que adelantan con el equipo técnico un documento de observaciones al proyecto de resolución, evidenciando las consecuencias para las comunidades que implica la materialización de los lineamientos en los términos planteados.
“El éxito de la planeación radica en reducir la incertidumbre; la posibilidad de no saber que pasará y tener que actuar sin garantías es un camino que no vale la pena recorrer”, agregaron.
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