El presidente de Colombia, Iván Duque, dijo este viernes que antes de terminar su mandato -7 de agosto del 2022- esperan dejar lista el acta de cofinanciación de la segunda línea del metro de Bogotá.
Esto implica que el próximo año, la Nación y la capital avanzarían en este trámite, que no es más que el compromiso de ambas partes para poner los recursos de dicho proyecto. Lea más en Noticias de Infraestructura.
Según ha dicho el Distrito, en el primer semestre del 2022 serán entregados listos los estudios de factibilidad de la nueva línea del metro, que irá desde la localidad de Chapinero hasta Suba, en el noroccidente de la ciudad.
Tendrá un costo aproximado de $13 billones, de los cuales la Nación aportaría hasta un 70% de la obra, y en su mayoría será subterránea, de acuerdo con lo dicho hace unos meses por Duque y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
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De otro lado, en el cierre del 18° Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), el presidente destacó que el sector avanza a buen ritmo y cada vez más se ponen en marcha nuevas iniciativas.
Balance y retos
En el mismo evento, el presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo, alertó por la proliferación de proyectos de ley, que podrían afectar la seguridad jurídica de las empresas del sector de infraestructura.
Según el gremio, hay más de 700 proyectos que se han radicado entre 2020 y 2021, que, entre otras, pretenden modificar contratos vigentes o cambiar los modelos de concesión.
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“Propuestas como estas ya están sembrando un clima de intranquilidad entre los financiadores de proyectos, que invirtieron bajo reglas determinadas, pero hoy ven amenazadas sus inversiones”, aseguró.
Caicedo también le hizo un llamado al Gobierno para superar los obstáculos en el proyecto Puerto Carreño – Buenaventura, que tiene 1.490 km e impacta positivamente a 12 departamentos, directa e indirectamente.
Según el dirigente gremial, el problema se presenta en el tramo Puente Arimena (Meta) – Puerto Carreño (Vichada), que ha presentado lenta ejecución por falta de cumplimiento a requerimientos ambientales.
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Finalmente, indicó que en el caso de Hidroituango -en el cual la Contraloría confirmó el falle de responsabilidad fiscal-, la CCI cree que la seguridad energética del país está en juego y respaldó a las compañías.
“Con falacias se afectó el buen nombre y la trayectoria de las consultoras y constructoras vinculadas al proyecto”, dijo.
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