“Las grandes plataformas tecnológicas recopilan demasiada información personal”. Esa es una de las premisas de la orden ejecutiva antimonopolio impulsada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para poner en cintura a las empresas y perfilar la protección de los consumidores.
Su determinación, anunciada hace unos días, considera que los modelos comerciales de las grandes compañías tecnológicas dependen de la a “acumulación de cantidades extraordinarias de información personal confidencial y datos relacionados”, por lo que estimula a que los organismos reguladores aumenten la vigilancia sobre estas.
Biden comenzó una batalla contra las gigantes del internet, señalando directamente las fusiones de empresas del sector y el manejo que estas hacen de la información, un insumo determinante para la publicidad digital y el perfilamiento de los usuarios, que fue clave en escenarios electorales, como lo demostró el caso de Cambridge Analytica y Donald Trump.
“Administraciones anteriores han tomado posturas amistosas hacia todo tipo de empresas, sin importar si son grandes o no. Esta es la primera en décadas que ha demostrado que la prioridad la tienen los consumidores y que las prácticas monopólicas antimercado son malas para todos”, consideró David Castrillón, investigador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.
La Casa Blanca destaca que las grandes plataformas tecnológicas compiten de manera injusta con las pequeñas empresas que dependen de las aplicaciones para llegar a sus clientes, considerando que pueden leer el comportamiento de los usuarios para hacer comprar y presentarles sus productos de manera predominante, en lugar de mostrar los de competidores más pequeños.
La orden ejecutiva antimonopolio también aplica cambios para los proveedores de internet y servicios digitales, además de otras disposiciones en materia de salud, aerolíneas, entre otros sectores. Ese tipo de medidas son de obligatorio e inmediato cumplimiento, pero tienen un alcance limitado porque no cambian la legislación, sino la forma en la que se implementan las normas.
Es decir: las plataformas digitales siguen teniendo las mismas condiciones y lo que cambia la determinación de la Casa Blanca es el nivel de vigilancia sobre estas en tanto al manejo de los datos de los usuarios y las fusiones de las empresas del mismo sector.
“Debemos celebrar el retorno a la neutralidad en la red que había suscitado el gobierno Obama y que Trump echó abajo. Ahora se va a impedir que los proveedores privilegien la velocidad de internet por factores económicos, además, las limitaciones a las fusiones benefician esencialmente a los usuarios en tanto hay competencia y libertad de precios”, consideró Mario Morales, analista en asuntos digitales y profesor de la Universidad Javeriana.
No obstante, el camino aún está en construcción. Como apunta el profesor Castrillón, será necesario ver si la orden ejecutiva impulsa cambios más profundos desde el Congreso o, incluso, si se registran acciones en las cortes para impedir su implementación.
Mundialmente, Estados Unidos está impulsado un impuesto global a las multinacionales que cambiará los paradigmas de pago de impuestos de las plataformas digitales, empresas que, si bien no tienen sedes físicas en todos los países, sí generan ganancias en la mayoría de territorios del planeta.
La regulación digital está en la agenda de ese gravamen, que está siendo gestionado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y la prueba de ello es que la Unión Europea frenó la implementación de una tasa digital para las empresas tecnológicas a la espera de que se dé una determinación internacional en ese ámbito, todo por pedido de la secretaria de Tesoro de la Casa Blanca.
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