La Cámara de Representantes aprobó este martes en sesión plenaria el informe de conciliación de la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que culminó el octavo debate el pasado 2 de diciembre.
Con 121 votos a favor y solo 6 en contra, la corporación respaldó la unificación del articulado que le apunta a fortalecer la autonomía de los departamentos, distritos y municipios de Colombia, tras seis meses de discusiones que conllevaron varios ajustes.
Por su parte, el Senado de la República continúa sesionando, pues el proyecto está en el quinto punto del orden del día. De hecho, se estima que la votación tenga lugar mañana, 11 de diciembre.
La conciliación es necesaria, dado que las versiones finales de los textos que salieron de las plenarias de Cámara y Senado contienen diferencias. Según el informe, el articulado que se remitiría a sanción presidencial acoge principalmente lo aprobado en el último debate porque “refleja los consensos logrados en el trámite”.
Archivo del informe de ponencia del proyecto de Acto Legislativo 018 de 2024 Senado/437 de 2024 Cámara
En consecuencia, eI Sistema General de Participaciones (SGP) crecerá anualmente 3,3 puntos porcentuales como porcentaje de los Ingresos Corrientes de la Nación hasta llegar a ser del 39,5 % de estos en el trascurso de 12 años a partir de 2027 y solo después de que se expida la ley orgánica de competencias.
Mientras tanto, se seguirá calculando de acuerdo con la fórmula anterior, que establece que el incremento anual será un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los Ingresos Corrientes de la Nación durante los cuatro años anteriores.
Respecto al seguimiento, además de la vigilancia de la Contraloría, se determinó que el Gobierno debía presentar un informe de rendición de cuentas semestral a las comisiones económicas del Congreso de la República, donde se citarán a, por lo menos, dos sesiones de control político al año.
Además, quedaron incluidos los incisos que determinan que el Gobierno debe presentar en un plazo de 12 meses un proyecto de ley que reglamente los criterios de distribución de los recursos y la promesa de que los cambios en transferencias y competencias se harán de manera gradual para que sean compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal.
También aquel que determina que las leyes del Presupuesto General de la Nación expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley deberá reflejar los gastos que dejarán de ser competencia de la Nación, y que serán transferidos a las entidades territoriales, y la salvedad de que se podrán autorizar incentivos para las regiones que hagan esfuerzos de generar recursos propios o que promuevan proyectos de inversión de carácter asociativo.
El representante Carlos Ardila, ponente del proyecto, reiteró que la reforma solo entrará en vigor si se aprueba la ley de competencias, que se espera sea discutida y aprobada antes del año 2027. “Esta reforma constitucional es fundamental para definir las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno, asegurando que los recursos asignados estén respaldados por competencias específicas», dijo.
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