El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en la Presentación del estudio sectorial: Subsidios en electricidad, gas combustible, GLP y combustibles líquidos (2014-2024), aseguró que la persistencia de hallazgos en el plan de mejoramiento del Ministerio de Minas, especialmente aquellos relacionados con el sistema de liquidación de recursos y la verificación de los subsidios, tiene graves implicaciones para la gestión de los recursos.
“La ausencia de sistemas adecuados y un seguimiento efectivo comprometen la transparencia y la efectividad de los subsidios, aspectos esenciales para garantizar una correcta distribución de los recursos en el sector eléctrico”, señaló el funcionario.
A estos problemas de sostenibilidad y gestión expuestos se le suma el hecho que, en algunos años, los subsidios han sido financiados con títulos de deuda pública que ascienden a $2,9 billones, mientras que los déficits acumulados en el fondo de estabilización de precios de combustibles, alcanzaba los $112 billones en el 2024.
“Reviste especial preocupación el hecho que, a diciembre de 2024, la deuda con los prestadores del servicio de energía eléctrica ascendía a $2,7 billones”, manifestó.
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De acuerdo con Carlos Hernán Rodríguez Becerra, si bien este hecho, afecta las finanzas de las empresas prestadoras del servicio, el posible desmonte de los subsidios compromete el acceso al servicio para las personas más vulnerables.
En el mismo sentido, según Rodríguez Becerra, es necesario evaluar las fórmulas tarifarias y actualizarlas, incluyendo factores de eficiencia, como medida complementaria que podría llevar a su reducción y, a su vez, la disminución de las necesidades de subsidios.
Por otro lado, destacó que, en el sector de gas combustible, aunque entre 2014 y 2023 se logró ampliar la cobertura un 65 %, aún persisten retos significativos como retrasos en los pagos de subsidios a las empresas y el contrabando técnico de combustibles líquidos que deben ser destinados a zonas de frontera y se venden en el interior.
“Un problema que, pese a los esfuerzos del Ministerio de Minas, sigue afectando los resultados del esquema de subsidios. El Ministerio programa recursos para apoyar económicamente a la población de estratos 1 y 2 para acceder al servicio de gas combustible por red. En el periodo de análisis se observa que los montos proyectados difieren significativamente de los valores incorporados en el Presupuesto General de la Nación, en promedio 18 %, con reportes preocupantes como, por ejemplo, en 2019 se asignó un 68 % menos de lo solicitado”, reveló el contralor general.
Añadió: “lo anterior y en propias palabras del Ministerio constituye una limitación para el cumplimiento de las metas. En el presupuesto de la cartera, se han contemplado recursos de inversión para el proyecto «Distribución de recursos para el pago de menores tarifas del servicio público domiciliario de gas combustible por redes»”.
Además, recordó que, entre 2014 y 2023, se ha observado un incremento sostenido en las asignaciones, pasando de $0,35 billones al inicio del período a $1,3 billones en 2023, lo que refleja un crecimiento significativo de las necesidades de recursos del Presupuesto General de la Nación.
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“Durante el periodo de análisis se presenta déficit, dado que las contribuciones establecidas presentan un crecimiento por debajo de las obligaciones de subsidios, adicional a que la ampliación de cobertura ha sido mayoritariamente en los estratos 1 y 2”, expuso.
Agregó que, frente a este panorama, “la Contraloría General de la República cree necesario fortalecer los controles, automatizar los cálculos y la asignación mediante sistemas de información transaccionales interoperables, revisar la focalización de los subsidios y garantizar la sostenibilidad fiscal de los programas”.
Además, pido al Gobierno Nacional avanzar en la consolidación del Registro Universal de Ingresos (RUI) como herramienta para mejorar la asignación de los subsidios y asegurar que lleguen a quienes realmente los necesitan.
