El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que la inflación en Colombia registró una desaceleración por sexta vez consecutiva, ubicándose en el 5,2 % anual en diciembre de 2024. Esta cifra, no observada desde 2020, representa una reducción notable respecto al 9,8 % reportado en el mismo mes de 2023.
En este contexto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para diciembre de 2024 disminuyó cuatro puntos porcentuales, lo que ha generado efectos colaterales en tarifas y servicios indexados al IPC, como las cuotas de administración de conjuntos residenciales y edificios.
Ajuste en las cuotas de administración para 2025
Uno de los temas de mayor interés para los residentes de conjuntos residenciales ha sido el incremento en las cuotas de administración, ajustados de acuerdo con el IPC de 5,2 %. Estas cuotas son fundamentales para financiar gastos operativos, mantenimiento, reparaciones y otros servicios comunes.
De acuerdo con Fedelonjas, el ajuste de las cuotas debe ser aprobado en la asamblea de copropietarios convocada por la administración de cada unidad residencial. Por ejemplo, si una cuota administrativa actual es de $500.000, el aumento basado en el IPC sería de $26.000, llevando el total a $526.000 para este año.
Regulaciones y transparencia en ajustes presupuestales en Conjuntos residenciales
El artículo 51 de la Ley 675 de 2001 establece que los administradores de propiedades horizontales tienen la obligación de convocar una asamblea de copropietarios para presentar el balance del año anterior y el presupuesto del año en curso. Este proceso debe incluir un desglose detallado de los gastos operativos, primas de seguros y cualquier otro rubro que impacte la tarifa final de las cuotas de administración.
Recomendado: ¿Lo pueden embargar por no pagar las cuotas de la administración en un conjunto?
Este procedimiento es clave para garantizar la transparencia y el consenso entre los copropietarios, quienes deben evaluar y aprobar los presupuestos que se proponen. No obstante, en algunos conjuntos residenciales, la implementación de estos ajustes enfrenta desafíos, como la falta de comunicación efectiva o discrepancias internas, que pueden dificultar la gestión administrativa.
