En el día de ayer, 21 de abril, se reanudó la audiencia en contra del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por el caso de Aguas Vivas en donde, además, hay 10 exfuncionarios involucrados.
Sin embargo, tras nueve horas de audiencia, en donde se escuchó la ampliación de los argumentos de la imputación de cargos realizada por la Fiscalía el 8 de abril, fue postergada por el juez de control de garantías para este 22 de abril (2:30 p.m.). La solicitud estuvo a cargo de varios de los abogados defensores, quienes alegaron agotamiento.
Cabe destacar que, el pasado 8 de abril, se realizó la audiencia de imputación de cargos en donde la Fiscalía argumentó que los hechos son jurídicamente relevantes. Asimismo, sería imputado con la convicción de que, en menos de dos meses, se presentará el escrito de acusación por la acción ejecutada.
Durante la audiencia, el exalcalde recibió un llamado de atención en medio de su intervención, en donde afirmaba que la fiscal no tenía datos concretos para sostener su acusación, por lo que el juez le solicitó enfocarse en las dudas sobre los hechos jurídicos y los delitos imputados, mas no en demostrar su inocencia, ya que esa intervención pertenece a otro proceso.
Asimismo, la defensa de los acusados alega no comprender la imputación formulada por la Fiscalía, situación que se viene presentando desde la primera parte de la audiencia.
Otro aspecto relevante fue el anuncio de la participación de la Alcaldía de Medellín, en calidad de víctima, a través de su abogado en la audiencia virtual este martes. Quintero publicó, por medio de su cuenta en X, un trino en donde afirmaba que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, estaba siendo investigado por la Fiscalía.
Sin embargo, el juez aclaró que «no se tiene conocimiento que el alcalde actual esté siendo procesado por estos mismo hechos».
Por otro lado, el abogado de Quintero, el exmagistrado Luis Antonio Hernández, le solicitó al juzgado sacar del proceso a la Alcaldía de Medellín en calidad de víctima, argumentando que supuestamente tiene funcionarios involucrados en el caso, por lo que su participación no es válida en esa condición. No obstante, el juez respondió que «ese conflicto de intereses se vería reflejado si el representante legal de la entidad fuera quien estuviese siendo imputado o acusado por los hechos que investiga la Fiscalía».
