Atender accidentes viales en Colombia costará hasta $2,3 billones en 2022

Fasecolda, gremio de aseguradoras en Colombia, lanzó una alerta este martes por la viabilidad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

Fasecolda, gremio de aseguradoras en Colombia, lanzó una alerta este martes por la viabilidad del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Vea más noticias de infraestructura

En rueda de prensa, su presidente, Miguel Gómez, indicó que la alta accidentalidad y el fraude han generado una grave crisis en el seguro.

Para respaldar la afirmación, el gremio reveló que las motocicletas son los actores de mayor accidentalidad, al tiempo que son los de mayor número en el total del parque automotor.

No obstante, su evasión al pago del seguro obligatorio es aún mayor que del promedio de todos los vehículos.

Sumado a lo anterior, las compañías de seguros detectaron cobros irregulares al SOAT por cerca de $456.000 millones, que se denunciaron ante las autoridades competentes.

Todo lo anterior llevó a Fasecolda a indicar que este seguro está en ‘cuidados intensivos’ y requiere acciones urgentes por parte del Gobierno, el sector privado y los actores viales.

La situación, según el gremio, es insostenible y cerca de 900.000 víctimas de accidentes de tránsito al año perderían el seguro que les garantiza los recursos para que su atención médica sea inmediata.

“Este modelo de aseguramiento permitió superar, para los heridos en accidentes de tránsito, el inhumano paseo de la muerte, y cada vez más se parece a un paciente en estado terminal del cual nadie se quiere hacer cargo. El SOAT, el seguro que salva vidas, está en cuidados intensivos”, expresó Gómez.

Y anotó que, el año pasado, los costos de siniestros viales ascendieron a $1,9 billones, cifra que podría llegar a $2,2 billones o hasta $2,3 billones en 2022.

“Hacemos un llamado urgente para que este problema sea abordado como política de Estado”, dijo el presidente de Fasecolda.

Y concluyó diciendo que ha recibido buenos mensajes del gobierno de Gustavo Petro para atender esta situación.

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Entre las soluciones que propone la agremiación están fijar una mesa interinstitucional público – privada para formular e implementar políticas públicas destinadas a disminuir la accidentalidad vial, el fraude y la evasión a este seguro.

También pidió limitar el número de veces que se puede utilizar una misma póliza durante su vigencia.

Otra opción que planteó es destinar una proporción de la contribución a la ADRES (sistema de salud) para ayudar a cubrir la insuficiencia en la tarifa.

E, incluso, solicitó acelerar la implementación de la Ley “Julián Esteban”, que fortalece diversos aspectos de la seguridad vial, entre ellos, regular la comercialización de vehículos seguros, fortalecer las exigencias para obtener las licencias de conducción y promover la calidad de la infraestructura de la red vial.

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