Las quejas sobre el aumento de los precios en los servicios públicos son más comunes de lo que se cree. En algunas regiones de Colombia, estos incrementos pueden resultar desproporcionados e injustificados, lo que puede afectar la economía de las familias.
Este tipo de situaciones genera incertidumbre entre los ciudadanos, quienes, aunque consideran que no realizaron un consumo elevado durante el período facturado, terminan pagando montos significativos para evitar complicaciones legales o la suspensión del servicio, lo que podría afectar su calidad de vida.
Ante este panorama, Andrés Felipe Castillo, asesor del Área de Derecho Administrativo del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, explicó que es posible identificar una reducción significativa comparando el consumo actual con el registrado en los últimos tres períodos si la facturación es bimestral, o en los últimos seis meses si es mensual.
Criterios para identificar sobrecostos en los recibos de agua, gas y energía
En el caso del agua potable, la Resolución 151 de 2001, expedida por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), establece parámetros claros para determinar la existencia de desviaciones significativas. Esta normativa detalla los porcentajes de variación considerados normales y señala cómo evaluar los incrementos según circunstancias específicas.
Para los servicios de gas y energía, los porcentajes de incremento o disminución dependen de lo estipulado en los contratos entre el usuario y la empresa prestadora. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Energía y Gas (CREG), mediante el concepto 459, ha recomendado que el límite razonable de incremento para usuarios residenciales no supere el 100 %, ya que valores superiores podrían considerarse desproporcionados y poco probables en condiciones normales.
¿Cómo reclamar si los recibos de servicios públicos tienen un costo elevado?
Si un usuario identifica un cobro excesivo en su factura, el artículo 149 de la Ley 142 de 1994 establece que dispone de un plazo máximo de cinco meses, contados desde la fecha en que se generó el cobro, para presentar una reclamación. Este proceso debe iniciarse mediante un derecho de petición en el que se anexen las facturas de los períodos anteriores como evidencia y se expliquen las razones por las cuales el consumo registrado no corresponde a la realidad.
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Por ejemplo, el usuario puede argumentar en su derecho de petición que no hubo un aumento en el número de personas que residen en el inmueble, que no se ha realizado un uso excepcional de los servicios o que no se han registrado averías en los equipos. de medición. La empresa de servicios públicos tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para responder, emitiendo un acto administrativo fundamentado en el que indique si reconoce o no la reducción significativa.
Castillo señaló que, en caso de que la entidad rechace la reclamación, el usuario tiene derecho a interponer recursos legales, como el de reposición, en un plazo de cinco días hábiles. Si este recurso también es desestimado, el caso puede escalarse a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que realizará una revisión exhaustiva para determinar si el cobro fue adecuado.
De acuerdo con el artículo 158 de la Ley 142 de 1994, las empresas prestadoras están obligadas a asesorar a los usuarios durante el proceso de recuperación y en la interposición de recursos. Este requisito busca garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos ante posibles errores en la facturación.
