La promoción del hidrógeno, el aprovechamiento energético de la biomasa, la geotermia, la energía mareomotriz, eólica y solar son solo algunas de las fuentes de energía con las que el Gobierno Nacional propuso diversificar la transición energética en el Plan Nacional de Desarrollo.
A más de un año de conocerse el documento que debía marcar la ruta de la transición energética del país, ¿qué se ha logrado y qué falta por hacer? Esta fue la reflexión que abordó el foro Gas renovable: el energético de la reindustrialización y la economía circular, organizado por Naturgas.
En primer lugar, Colombia viene trabajando desde 2005 en mejorar la calidad del aire a través de la reducción de emisiones, con acciones cada vez más concretas. En esa línea, los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Minas y Energía publicarán en los próximos días una resolución que actualiza la reglamentación de energéticos de cero y bajas emisiones, en la cual se promociona el uso de gases como el biometano.
Dado que el sector transporte es el mayor consumidor de energía del país (demanda el 41 % de lo que se produce), con más de 19 millones de vehículos, y al tiempo ostenta la actividad que genera más emisiones por el uso de combustibles fósiles, ocupa una posición importante en los esfuerzos por lograr una verdadera transición energética y gozar de sus beneficios.
El Ministerio de Transporte está concentrado en la reglamentación del Fondo para la promoción del ascenso tecnológico, que busca renovar la flota de transporte de carga y transporte de pasajeros, tanto masivo como individual, a tecnología de bajas y cero emisiones.
De hecho, recientemente se publicó un decreto (1266) enfocado en la transición hacia el gas en transporte de carga y buses que recorran grandes distancias y hacia la tecnología eléctrica en vehículos de cortas distancias como taxis o sistemas de transporte al interior de las ciudades.
En segundo lugar, la no dependencia de los combustibles fósiles tiene múltiples aristas bajo las cuales incluso es posible que las propias comunidades participen en la prestación del servicio de energía a través de la autogeneración. El Gobierno se puso la meta de incorporar 2.000 megavatios (MW) de capacidad en operación comercial de generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales.
Uno de los programas más ambiciosos en ese sentido es el de Basura Cero, orientado a avanzar en el tratamiento y aprovechamiento de residuos, en lugar de enterrarlos en rellenos. Al menos cuatro entidades (ministerio de Ambiente, Minas, Vivienda y Agricultura) tienen la tarea de articular a las entidades territoriales, las empresas de servicios públicos y la sociedad civil para implementarlo.
“Tenemos pendiente sacar un proyecto de decreto a consulta ciudadana finalizando este año por todo lo que se deriva de él, como la reglamentación de la figura de los parques tecnológicos y ambientales, que es donde se va a dar cabida a la producción de biogás”, señaló Wilson Sandoval, de la Dirección de Política y Regulación del Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial.
También hay un decreto ya listo, al que le falta la firma de los ministros, que reglamenta el uso de biosólidos, un producto resultante de los lodos de las aguas negras, con el fin de darle cierre financiero a proyectos de tratamiento de aguas residuales que pueden tener como un ingreso adicional la comercialización de estos residuos orgánicos.
Otro de los programas, enfocado en fuentes no convencionales, avanza en identificar proyectos de manejo de residuos orgánicos que nutran la matriz energética a los cuales le pueda apostar en el marco de la reforma agraria de desarrollo rural, como ya está haciendo con los cultivos de coca. Esta tarea está a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Finalmente, la cartera de Ambiente trabaja en la reglamentación de los mecanismos de mercados de carbono, un instrumento con el que se busca integrar el costo social y ambiental que se genera al emitir gases de efecto invernadero dentro de las actividades productivas.
“Estamos trabajando en varias piezas normativas que brinden ese panorama general y engloben lo existente para hacer los mercados justos, equitativos y transparentes, cumpliendo con lo señalado por el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno”, explicó Angela Rodríguez, de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo del MinAmbiente.
Además de contribuir a la reducción de emisiones, los mercados de carbono se convierten en una fuente de financiación complementaria a las que ya existen, pero por el tamaño del desafío resultan insuficientes.
“Desde Planeación Nacional buscamos que estas apuestas de política encuentren financiación y que se materialicen en decisiones finales de inversión y ejecución de proyectos que cumplan las metas”, dijo Rafael Arias, asesor de la Subdirección de Energía y Minas del DNP.
De hecho, el Conpes 4137 de 2024 permite constituir una fuente de financiación de US$138,5 millones para proyectos en transición energética, incluyendo bioenergía y biogás. “Sabemos que los recursos no van a ser suficientes porque se requiere mucho más capital para la transición energética, pero si unimos fuerzas con el sector privado, las empresas y los gremios, vamos a encontrar la posibilidad de lograr financiamiento”, dijo.
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