La minera Aris Mining Corporation anunció que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia ha completado el proceso de consulta pública -iniciado en noviembre de 2024- sobre la resolución que establece un Área de Reserva Temporal (TRA) en la región de Santurbán (ubicada en el departamento de Santander, Colombia), donde se ubica el Proyecto Soto Norte.
Así las cosas, a partir del 4 de marzo de 2025, con esta resolución se le permite al Ministerio de Ambiente evaluar los recursos hídricos en el área y suspender temporalmente la emisión de licencias ambientales por dos años.
“Como se anunció previamente, esta resolución no afecta las operaciones de Segovia de Aris Mining, la mina Marmato o el proyecto mina Inferior, todos los cuales tienen licencia y se encuentran fuera del área de estudio designada”, precisó la compañía minera.
Al respecto, Neil Woodyer, director ejecutivo de Aris Mining, comentó que «tras el inicio del proceso de consulta para el Área de Reserva Temporal propuesta, que anunciamos en noviembre de 2024, hemos seguido avanzando en los estudios ambientales y técnicos de una versión a menor escala del Proyecto Soto Norte, cuya finalización se espera para mediados de 2025”.
De acuerdo con Woodyer, una vez finalizado y con un importante apoyo local para el proyecto de la comunidad de Soto Norte, se espera que la compañía colabore con el Ministerio de Ambiente, “ya que nuestro proyecto rediseñado se alinea con el enfoque de la resolución en la protección del medio ambiente”.
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El ejecutivo agregó que “estamos adoptando un nuevo enfoque en comparación con las solicitudes de permisos anteriores, que presenta operaciones mineras y plantas de procesamiento de menor escala, un impacto ambiental reducido y nuevas opciones de procesamiento para apoyar a los mineros locales de pequeña escala”.
Todo esto, según las declaraciones del director ejecutivo de Aris Mining, se hará basándose en sus asociaciones con los mineros de pequeña escala en las otras minas que tiene la compañía en Colombia.
“El Proyecto Soto Norte ofrece una solución responsable para reducir el daño existente de las actividades mineras no autorizadas en la región de Santurbán», explicó Woodyer.
En línea con Aris Mining, el Proyecto Soto Norte aún está a varios años de su desarrollo y está previsto que comience una vez finalizadas las expansiones en curso de nuestras minas Segovia y Marmato.
Procuraduría planteó observaciones al proyecto de resolución para declarar zona de reserva en el macizo de Santurbán
La Procuraduría General de la Nación presentó formalmente sus observaciones al proyecto de resolución que propone declarar una zona de reserva en el macizo de Santurbán, que abarca 75.357 hectáreas en el departamento de Santander, medida orientada a la protección de los recursos naturales en la región.
Una de las principales observaciones es que el proyecto de resolución aplica incorrectamente el principio de precaución, imponiendo restricciones excluyendo actividades económicas sin un principio de certeza científica.
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Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, este principio debe aplicarse excepcionalmente, solo cuando haya serios riesgos para el medio ambiente, pero no se justifica adecuadamente en todas las áreas de la zona propuesta para reserva, afectando actividades productivas legales y consolidadas o en proceso de formalización.
Asimismo, el documento señala que el proyecto no respeta situaciones jurídicas consolidadas de comunidades asentadas en el territorio, medida que podría generar incertidumbre jurídica.
Lo que podría favorecer el desarrollo de actividades de extracción ilícita de minerales y el consecuente deterioro ambiental, social y económico que ello supone.
Otro punto de análisis que destacó la Procuraduría es que el proyecto no justifica la determinación de un área mayor a la que plantean los soportes técnicos en los que se basa el proyecto de resolución, lo que genera inquietudes sobre su justificación.
Además, el ente de control resaltó la necesidad de una mayor participación de los sectores involucrados, en especial los actores relevantes del territorio y las autoridades locales y regionales, ya que es crucial que estos actores sean consultados y escuchados antes de tomar una decisión final, dado que la resolución podría tener un impacto ambiental, social y económico significativo en la región.
Finalmente, advirtió sobre los posibles efectos de la resolución en más de 600 pequeños mineros, así como el riesgo de fomentar la minería ilegal en la zona, aspectos que deben ser analizados con mayor profundidad para evitar consecuencias perjudiciales para la población local y el desarrollo social y económico de la región.
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Por estas razones, la Procuraduría hizo un llamado a un debate más amplio y a un análisis detallado de los impactos de la resolución, solicitando que se respeten las situaciones jurídicas consolidadas de los mineros y que se culmine antes la delimitación adecuada del páramo de Santurbán, en cumplimiento a la sentencia T-361 de 2017, habiendo transcurrido ocho años desde su emisión, buscando así un equilibrio entre la conservación ambiental y los derechos de las comunidades involucradas.
