Desde el Gobierno Nacional, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, se ha oficializado la sanción de la Ley del Ruidov, aprobada por el Congreso de la República en diciembre de 2024.
Esta normativa busca regular los efectos de la contaminación acústica, especialmente en zonas residenciales de Colombia, donde los niveles de ruido pueden afectar la calidad de vida de los ciudadanos. El documento cuenta con la firma de los ministros competentes, lo que permite su entrada en vigor. Los ministerios que participaron en la sanción de la ley incluyen Defensa, Vivienda, Salud, Transporte, Cultura y Educación.
La Ley del Ruido establece la creación de una política pública para que las autoridades en todo el país regulen los niveles sonoros en espacios privados, evitando que afecten a los ciudadanos en su entorno. Asimismo, incorpora iniciativas pedagógicas para sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir el ruido y prevenir sanciones económicas.
Adicionalmente, la norma estipula que los municipios con más de 100.000 habitantes deberán implementar planes de control del ruido, identificando las zonas más afectadas y aplicando medidas correctivas.
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¿De cuánto es la sanción por incumplir la ley del ruido?
En cuanto a las sanciones, el incumplimiento de la normativa conllevará multas para quienes generen ruido excesivo. Según el Código Nacional de Policía, en zonas residenciales, el límite permitido es de 65 decibeles durante el día y 55 decibeles en la noche. Las multas establecidas en el documento van desde dos salarios mínimos mensuales legales vigentes ($2.847.000) hasta 800 SMMLV (más de $1.000 millones).
Las autoridades estarán facultadas para garantizar el cumplimiento de la ley, otorgando mayores atribuciones a la Policía para sancionar a quienes infrinjan las disposiciones establecidas.
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Durante el debate en el Congreso, el congresista Carvalho aclaró que la intención de la ley no es restringir reuniones comunitarias ni celebraciones vecinales, sino evitar que acciones individuales alteren la tranquilidad de los barrios.
Con esta medida, el Gobierno busca equilibrar el derecho al esparcimiento con la necesidad de preservar la convivencia y el orden en los espacios urbanos, promoviendo un ambiente más armonioso para todos los ciudadanos.
