El Departamento Nacional de Planeación de Colombia anunció la aprobación de recursos por $2,5 billones para 16 regiones priorizadas bajo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Los recursos fueron aprobados por unanimidad por los representantes del Gobierno Nacional, departamentos y municipios que integran el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD Paz, del Sistema General de Regalías.
El dinero aprobado para las convocatorias subregionales del OCAD Paz correspondientes al bienio 2025-2026 serán distribuidos entre las 16 subregiones priorizadas, que agrupan a 170 municipios del país.
Estos fondos estarán destinados a la postulación, viabilización, priorización y aprobación de proyectos enfocados en mejorar las condiciones de vida de las comunidades en los territorios PDET.
Compromisos pactados para los municipios PDET
En el marco de esta decisión y con el propósito de garantizar una ejecución eficiente, los miembros del OCAD Paz asumieron los siguientes compromisos:
En primer lugar, trabajar de manera articulada para que los recursos disponibles se transformen lo más pronto posible en obras, programas y proyectos concretos que beneficien directamente a las comunidades de las subregiones PDET.
En segundo lugar, promover mecanismos que mejoren la eficiencia en el proceso de aprobación de proyectos, entre ellos la creación de mesas interinstitucionales con la participación del Departamento Nacional de Planeación, la Agencia de Renovación del Territorio, gobernaciones, alcaldías y entidades sectoriales.
Además, garantizar que todos los proyectos sometidos a consideración del OCAD Paz cumplan con los requisitos legales y los términos previamente establecidos, reiterando que el proceso es gratuito y no requiere intermediarios o tramitadores.
También, solicitar el acompañamiento permanente de la Procuraduría General de la Nación y de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República en las sesiones del OCAD Paz, con el objetivo de fortalecer la transparencia en la toma de decisiones.
Finalmente, reforzar las estrategias de asistencia técnica, así como los mecanismos de divulgación pública de las convocatorias y la aprobación de proyectos, promoviendo también el control ciudadano y la veeduría social.