El sector de infraestructura en Colombia atraviesa una crisis financiera de grandes proporciones, según un informe reciente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).
Esta situación, que la entidad califica como un verdadero “apagón financiero”, se debe a una combinación de factores que han puesto bajo presión los mecanismos de financiamiento a largo plazo.
Desde enero de 2023, ANIF ha venido advirtiendo sobre los riesgos financieros del sector, que hoy se ven materializados en tres frentes principales: presión sin precedentes sobre el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales (FCEE), la incertidumbre normativa sobre las vigencias futuras y los aplazamientos presupuestales que han limitado los recursos disponibles para entidades como el Invías y la ANI.
Presión sobre el fondo de contingencias y otras alertas
ANIF sostiene que el FCEE, diseñado para respaldar obligaciones contingentes de proyectos de infraestructura con participación privada, tuvo que enfrentar en 2023 y 2024 presiones ‘extraordinarias’.
Lo anterior se sumó al congelamiento de tarifas de peajes decretado por el Gobierno en 2023, lo cual alteró los flujos esperados de ingresos para los concesionarios, obligando al Estado a asumir los desequilibrios financieros.
Como resultado, los pagos del FCEE se dispararon, reduciendo significativamente los aportes acumulados del fondo, lo que ANIF advierte podría comprometer su capacidad futura de respaldo y elevar el costo del financiamiento de nuevas concesiones.
Incertidumbre en torno a las vigencias futuras
El esquema de vigencias futuras, clave para la financiación de proyectos de largo plazo, también ha sido puesto en entredicho y la asociación menciona que ha ralentizado operaciones.
En 2024, el gobierno del presidente Gustavo Petro inició una revisión de estos compromisos, lo que generó una gran polémica al no desagregar $12,5 billones del total asignado al sector transporte en el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación.
Aunque el problema se resolvió posteriormente con un nuevo decreto, la incertidumbre provocada paralizó temporalmente la operación de entidades como Invías y ANI.
A esto se suman los recortes presupuestales. En 2024, se decretó un congelamiento de $28,4 billones al PGN, de los cuales $1,4 billones afectaron directamente la inversión en infraestructura de transporte.
En enero de 2025, el Decreto 0069 aplazó apropiaciones por $12 billones, incluyendo $1,5 billones del sector transporte, lo que impactó proyectos prioritarios como el Metro de Bogotá, el Canal del Dique, la Troncal de la Calle 13 de TransMilenio y el Regiotram de Occidente.
El caso crítico de Invías
De otro lado, el informe alerta el caso del Instituto Nacional de Vías (Invías), donde más del 50 % de su presupuesto depende de vigencias futuras, y la entidad arrastra compromisos por vigencias expiradas superiores a $1 billón, que corresponden a servicios ya prestados por consultoras, constructoras e interventorías. Esta situación ha dejado a 57 proyectos de interés público en estado crítico ante la falta de pago, afectando la liquidez de las empresas contratistas y poniendo en riesgo su sostenibilidad.
Pérdida de confianza e impacto en la inversión
La suma de estas decisiones —el congelamiento de peajes, los recortes discrecionales, las señales contradictorias y la falta de reglas claras— ha deteriorado la confianza de los inversionistas en la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos. Según ANIF, esto compromete no solo la financiación de nuevos proyectos, sino la sostenibilidad del sistema mismo de vigencias futuras, una herramienta clave para el desarrollo de la infraestructura en el país.
“La infraestructura, como la vivienda, requiere una visión de Estado, no de Gobierno”, subraya el informe. Y añade que, sin una planificación a largo plazo, reglas previsibles y responsabilidad fiscal, el país no podrá responder adecuadamente a sus necesidades en transporte, energía y saneamiento.
