En Colombia, antes de la creación e implementación de la ley 100 de 1993 el sistema de salud funcionaba de tres maneras para atender a usuarios.
Primero estaba el sistema de seguridad social, que cubría a los trabajadores privados a través del ISS y las Cajas de Previsión que aseguraban a los empleados públicos.
Mediante la participación del sistema de subsidio familiar a través de las Cajas de Compensación, atendían a las familias de los trabajadores del sector privado inicial y posteriormente incluyó a los del sector público, con tarifas subsidiadas a la demanda de los servicios de salud.
En segundo lugar, estaba el sistema privado, conformado por clínicas y seguros privados el cual atendía a la población con capacidad de pago de las pólizas de medicina prepagada o la consulta privada.
Y finalmente los colombianos podían acudir al sistema nacional de salud, que brindaba los servicios de salud con accesibilidad restringida, de acuerdo con Luis Alberto Tafur en la publicación El sistema de Salud en Colombia.
Por ello, la población pobre y vulnerable sólo era atendida en hospitales públicos cuando llegaban en malas condiciones de salud, no podían acceder a citas médicas de prevención, control y consulta.
Además, en los territorios con difícil acceso por las condiciones demográficas no había un sistema de salud formal que garantizara acceso a medicamentos, médicos 24/7 especializados en diversas áreas y, en caso de emergencia, transporte a una ciudad con capacidad de auxiliar.
En esa época las filas en hospitales públicos eran un dolor de cabeza, se aplazaban las citas para atender usuarios y la población pobre no podía exigir que se le cumpliera un derecho como tal.
En 1992 el 33,2 % de la población más pobre no recibió atención médica cuando se sintió enferma y lo solicitó, comparado con un 7,3 % de ciudadanos con mayores ingresos.
Recomendado: Reforma a la salud de Gobierno Petro elimina copagos y cuotas moderadoras a usuarios
Además, los gastos en consultas, medicamentos y laboratorios de los hogares pobres representaban el 28,2 % de su ingreso total en el año, mientras que para los de mayores ingresos representaba solo el 6,5 %.
Los gastos en hospitalización representaban un 64 % para familias pobres y 17 % para las adineradas.
Para 1993 la cobertura en salud solo llegaba a un 24 % de la población y presentaba una gran inequidad. Mientras que el 47 % del quintil más rico estaba cubierto, este porcentaje caía a sólo 4,3% para la población pobre, según el DANE.
Colombia después de la Ley 100
Ante este sistema que beneficiaba a los que más ingresos tenían, bajo el gobierno de Gaviria, Álvaro Uribe fue el ponente de mejorar el sistema de salud, pensión y riesgos profesionales.
Mediante la Ley 100 de 1993 se estableció el sistema para que empleados con capacidad de destinar dinero a sus prestaciones sociales lo hicieran mensualmente y parte de ello se dirigía al régimen subsidiado.
De ese modo, las EPS debían atender tanto a los que cotizaban de su sueldo como a los que no lo hacían por falta de recursos económicos.
Estimaciones mostraban que el sistema de salud disminuyó la pobreza en 4,78 puntos porcentuales y redujo la desigualdad, medida por el coeficiente de Gini, en 2,54, de acuerdo con la Encuesta nacional calidad de vida realizada por el DANE en el 2008.
En la actualidad, Colombia es en el mundo uno de los países con menor gasto en el bolsillo de sus ciudadanos, alcanzando una cobertura que en 2022 llegó a 99,6 % de aseguramiento universal, de acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud en 2022.
La cobertura alcanza las 24.399.839 personas en el Régimen Contributivo y 24.745.934 en el Subsidiado, así como el gasto en salud (GTS) como porcentaje del PIB, ha mostrado una tendencia creciente desde el año 2000 cuando se ubicó en 5,31 % y para 2021, alcanzó cerca de un 8 %.
