La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) entregó un veredicto clave frente al peaje de Puente Amarillo, que está ubicado en la vía Villavicencio – Yopal y que ha sido objeto de bloqueos en los últimos meses.
A través de una delegada ante el Congreso, aseguró que esta estación de cobro es legal y tiene todo el sustento para operar.
“Para la entidad, el peaje para nosotros tiene la legalidad requerida y está soportado en el tema de estructuración financiera”, dijo la vocera.
Y añadió que, si bien reconoce que hay una problemática social alrededor del peaje de Puente Amarillo, la única solución con la que se cuenta en la actualidad implica la entrega de tarifas diferenciales.
Se trata de cobros más bajos para un grupo de ciudadanos, que incluye a la población que vive en los municipios de Villavicencio, Restrepo y Cumaral. “Para el peaje estamos con la propuesta de una tarifa diferencial de $3.700, incluido Fosevi, que es de $500”, explicó.
Y agregó que, adicional a este cobro mejor, también existe una tarifa especial para los fines de semana, denominada turística, en la cual el usuario solo paga un desplazamiento.
Polémica por el peaje de Puente Amarillo
De otro lado, la directiva afirmó ante la Comisión Séptima del Senado que la ANI está trabajando en un otrosí del contrato para atender algunos requerimientos que han realizado comunidades aledañas al proyecto.
Así las cosas, se prevé la entrega de nuevos recursos para la concesionaria Covioriente, que hace parte de Corficolombiana y del Grupo Aval.
Se trata de 21 obras que “se conciliaron con la comunidad” y muchas de las cuales ya tienen estudios y diseños, y otras más se encuentran en revisión de parte de la interventoría.
Eso sí, la funcionaria reiteró que el peaje de Puente Amarillo es legal y su recaudo es parte de la retribución recibe el concesionario, siempre y cuando demuestre que cumple con los indicadores que se exigen en el contrato.
Ahora bien, en el debate de control político también se refirió al peaje La Libertad, ubicado en el corredor Villavicencio – Puerto Gaitán y que hace parte de la Concesionaria Vial de Los Llanos de Odinsa.
Según la vocera de la ANI, un tribunal ya definió que se debían buscar herramientas para salvar el contrato, incluyendo la disminución de alcance físico. Por lo anterior, se recortó la cantidad de obras a realizar.
Sin embargo, también reconoció que, en la actualidad, la entidad tiene un proceso sancionatorio en contra de los privados por un “atraso” que existe en las obras.
A pesar de lo anterior, dijo que deben cumplir lo pactado con el concesionario en materia de peajes, sobre todo teniendo en cuenta que este megaproyecto solo se financia con los pagos que se hacen en dichas estaciones y que hoy una de estas se encuentra bloqueada.
“Ha habido una afectación que se tiene y son temas que finalmente el Gobierno tiene que reconocer los recursos que no se han recaudado por el levantamiento de talanqueras”, concluyó.
