Desde el 2 de marzo, el gremio minero del Bajo Cauca ha estado manifestándose en contra de las declaraciones del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien ha ordenado una «guerra total» contra la minería ilegal en Colombia, situación que está siendo monitoreada por el Ministerio del Interior en cabeza de Alfonso Prada.
Los manifestantes han bloqueado las carreteras que conectan Antioquia con el departamento del Atlántico en los sectores de Llanos de Cuivá-Tarazá y en la salida de Caucasia, también conocida como Campoalegre.
Los manifestantes presentaron un pliego de 11 puntos al gobierno nacional, en el que se destaca la formalización de la minería ancestral en el Bajo Cauca antioqueño y sur de Córdoba, así como la creación de zonas de minería especial en la región, que se establecerían como distritos mineros.
Los mineros también solicitaron al gobierno que modifique el artículo 106 de la Ley 1450 y el Decreto reglamentario 2235, de manera que aquellos en proceso de formalización queden excluidos de su aplicación.
El ministro del interior, Alfonso Prada, se manifestó ante los hechos que se presentan donde aseguró que:
“Estos bloqueos han venido generando desabastecimiento de alimentos y suministros de salud según lo han manifestado los alcaldes y la iglesia católica quienes están de mediadores en las conversaciones” manifestó Prada.
El ministro enfatizó en que los diálogos no se desarrollarán bajo ninguna circunstancia en la medida en que los bloqueos continúen.
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Además, Prada comentó que se hará una reunión donde participen las Naciones Unidas, la defensoría del pueblo y lideres de derechos humanos para llevar una propuesta que permita conocer la magnitud de obras e inversión que se hará dentro del territorio por el bien de las comunidades.
la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad también dio sus declaraciones a medios sobre la situación del paro minero en Antioquia.
“Hemos venido trabajado en una propuesta que pueda ayudar a resolver de fondo la minería informal y las afectaciones a nivel ambiental. Entre todos sabemos que esta actividad no es sostenible y sabemos la responsabilidad que tenemos” mencionó la ministra.
“Creemos tener las salidas jurídicas y técnicas para por un lado garantizar la protección del medio ambiente en beneficio también a las comunidades, consolidando el marco de los derechos de la ciudadanía que esta inmersa en la minería”, agregó Mujhamad.
Para concluir, la ministra de ambiente dijo que a propuesta será integral y esta siendo trabajada desde la Gobernación de Antioquia, ya hace más de un año, donde el Gobierno Nacional llega a intervenir para reforzar y desde un distrito minero y una ruta de formalización que atenúe los impactos ambientales.
