La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) manifestaron su preocupación por el fallo de tutela que ordena la suspensión de la actividad de exploración de gas natural en el pozo Uchuva 2 de Petrobras y Ecopetrol.
Las empresas de la industria del gas natural de Colombia destacaron que respetan y acatan las decisiones judiciales; sin embargo, precisaron que esta decisión compromete el abastecimiento de gas natural que beneficia hoy a 36 millones de colombianos, aun cuando las entidades competentes demostraron que no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a la comunidad indígena de Taganga.
En relación con el proyecto de Uchuva 2 y el cumplimiento de los trámites requeridos para su ejecución, la ACP y Naturgas señalan que:
- El Bloque Tayrona del que hace parte el pozo Uchuva 2, está localizado a 31 kilómetros de la línea de costa, en aguas profundas (837 metros de lámina de agua) en mar territorial colombiano, en donde la empresa operadora ha ejecutado diversas actividades por más de 20 años, en cumplimiento del contrato firmado en 2004 con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
- Las actividades exploratorias ejecutadas fueron aprobadas por las autoridades competentes.
La empresa operadora ha cumplido con todos los requisitos regulatorios y trámites requeridos, incluyendo la Determinación de la No presencia de Comunidades Indígenas en el área de influencia del proyecto, el licenciamiento ambiental, y la obtención de los permisos de la Dirección General Marítima (Dimar).
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Sus actividades se han adelantado cumpliendo los más altos estándares de calidad y sin ningún impacto ambiental significativo registrado. - Con la ejecución del proyecto no se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa a ninguna comunidad indígena, toda vez que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior (DANCP), mediante Resolución ST-1630 de 2023, confirmó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto, y por tanto tampoco su afectación directa.
- La certificación de no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia del proyecto ha sido reiterada por la entidad en varios actos administrativos.
Y en los 18 años que la empresa lleva ejecutando el proyecto, nunca se había manifestado ningún requerimiento o reporte de impactos por parte de la comunidad. - Tampoco se encuentra demostrada afectación directa relacionada con la actividad de pesca artesanal, teniendo en cuenta que las conclusiones del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), organización adscrita al Ministerio de Ambiente, confirmó la no existencia de actividad de pesca artesanal en el área de influencia del proyecto. Conclusión confirmada también por la ANLA.
Para la presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, «hoy Colombia necesita con urgencia anticipar el desarrollo de los proyectos que tenemos costa afuera”.
Destacó que “el Bloque Tayrona, donde se encuentra Uchuva, tiene un potencial de 400 MPCD, cantidad que permitiría retomar la autosuficiencia del país en el mediano plazo. Los proyectos costa afuera tienen un potencial que puede brindarle a Colombia seguridad energética por varias décadas, así como en su momento lo hicieron Cusiana, Cupiagua, Ballena y Chuchupa».
Por esto, la líder de Naturgas hizo un llamado a la comunidad de Taganga para que «considere que ante el derecho fundamental a la consulta previa que reclama luego de dos décadas de cumplimiento de todos los requisitos exigidos, se está poniendo en riesgo el acceso a la prestación del servicio público esencial de gas natural. Se pone en riesgo la vida digna de 36 millones de colombianos, la alimentación de los niños, el derecho fundamental a la salud y la atención a la población vulnerable».
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Por su parte, Frank Pearl, presidente de la ACP, señaló que «este proyecto es estratégico para el futuro energético de los colombianos, al materializar su potencial y el de los demás proyectos costa afuera tendremos la oportunidad de revertir la disminución crítica de las reservas de gas natural e incluso multiplicarlas por 30”.
Añadió que “con las reservas actuales el país empezaría a tener déficit de oferta a partir de 2025; con los recursos contingentes y prospectivos (incluidos los de Uchuva) podremos seguir garantizando el autoabastecimiento de gas a largo plazo, pero para ello requieren exploración y desarrollo».
Pearl hizo énfasis en que «la crítica situación de suministro de gas no será subsanable con oferta nacional sin el desarrollo de los proyectos costa afuera”, y que, “las decisiones que retrasan o suspenden el desarrollo de proyectos como este ponen en riesgo el abastecimiento energético de los colombianos y generan incertidumbre para los inversionistas, lo cual también tiene implicaciones fiscales para el país y las regiones».
Pozo Uchuva 2 y las afectaciones a la seguridad energética de Colombia
En cuanto a la afectación a la seguridad energética, los gremios profundizaron en que:
- En Colombia, exceptuando los proyectos costa afuera (incluido Uchuva), los nuevos descubrimientos son insuficientes para reponer las reservas de petróleo y gas que se consumen. Los proyectos costa afuera tienen una alta prospectividad para gas, la cual es clave para revertir la disminución crítica y progresiva que vienen registrando las reservas de gas en el país; desde 2012 han caído en un 58 %.
- El índice de reposición de reservas en los últimos diez años (2014-2023) es del 25 %; es decir, que se está descubriendo menos gas del que se produce/consume, de cada diez pies cúbicos que se producen, se adicionan 2,5.
Por lo anterior, el factor Reservas/Producción también evidencia una crítica situación en la disponibilidad de gas, ratificando la necesidad de aumentar la exploración y el desarrollo de este energético, así como de resolver las contingencias para incrementar las reservas y la producción.
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Este incremento es resultado del trabajo e inversiones realizadas por las empresas, y para viabilizarlos e incorporarlos como reservas se requiere exploración y desarrollo.
Finalmente, la ACP y Naturgas reiteraron que es crucial que el país mantenga un entorno de estabilidad jurídica que favorezca el desarrollo de proyectos esenciales para su futuro energético, sin comprometer los derechos de las comunidades ni la seguridad energética del país.
Y elevaron un llamado al trabajo articulado y al diálogo constructivo con todos los actores nacionales y regionales para asegurar que los colombianos sigan contando con un abastecimiento confiable y sostenible de gas natural.
