José Maximino Castaño, alcalde del municipio de San Luis en Antioquia, lamentó el anuncio de Celsia de buscar un nuevo inversionista y detener la ejecución del proyecto hidroeléctrico Porvenir II, el cual prometía dinamizar la economía de la zona, generar empleo y promover mayor desarrollo social, así como transferencias millonarias por esta obra.
El municipio dejará de percibir entre $850 y $900 millones anuales por transferencias del sector eléctrico, de acuerdo con los cálculos de la alcaldía de San Luis. Así mismo, se evita la generación de cerca de 800 a 1.000 empleos para el municipio.
Castaño ha enfatizado especialmente en las trabas que han impuesto los colectivos ecológicos y ambientales para la materialización de obras de este tipo.
De acuerdo con el mandatario, los recursos e inversión que se prometían con Porvenir II eran claves para el desarrollo de la región y que es difícil jalonar solo con las actividades turísticas.
El caso de San Luis se suma así a otros proyectos en sectores como minas y energías a nivel nacional que se ven frenados por las acciones de organizaciones sociales y ambientales que frenan el desarrollo de zonas apartadas de las grandes ciudades en Colombia.
El proyecto fue concebido con todos los estándares técnicos y posee unas calidades energéticas necesarias para el suministro futuro. Tiene licencia ambiental vigente y alcanzaría a cubrir cerca del 3% de la demanda nacional de energía pues brindaría 2.129 GWh–año.
