Con ponencia de las magistradas Gloria Ortiz y Cristina Pardo Schlesinger, la Sala Plena Virtual de la Corte Constitucional declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 568 de 2020.
Con una votación de cinco contra cuatro se cayó esa norma que contemplaba la creación del impuesto solidario por el Covid-19 sobre salarios o contratos de prestación de servicios de $10 millones o más a cargo de los servidores públicos y contratistas del Estado.
Ese impuesto, según la norma declarada inexequible, tenía destinación específica a la clase media vulnerable y trabajadores informales.
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El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo hoy más temprano que con este impuesto se esperaba un recaudo por $287.000 millones este año.
“Los dineros que se han pagado por los sujetos pasivo del tributo se entenderán como anticipo del impuesto de renta para la vigencia 2020, pagaderos en el 2021. Así han de entenderse los efectos retroactivos de la decisión”, dijo el presidente de la Corte, Alberto Rojas.
La razón de la decisión, según el magistrado, fue:
1.- Falta de equidad tributaria.
2.- Falta de generalidad del tributo.
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