El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió en favor del Estado colombiano una demanda instaurada por un grupo de miembros retirados de la fuerza pública que solicitaba a la Nación el pago y reconocimiento de la prima de actualización.
Las pretensiones de los demandantes ascendían a $12,5 billones, dijo la Agencia liderada por Camilo Gómez.
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El Tribunal ordenó la terminación y archivo del proceso al haber encontrado demostradas varias de las excepciones previas formuladas por las entidades demandadas (Ministerio de Defensa y Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – Cremil), y por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues “los demandantes le dieron al proceso un trámite diferente al que correspondía (las pretensiones de carácter laboral no se pueden reclamar a través de una acción de grupo)”.
Con esta decisión se confirma una vez más, dijo la agencia, la tesis jurisprudencial que indica que la acción de grupo no es el mecanismo idóneo para resolver controversias relacionadas con el pago de acreencias laborales, porque esta herramienta se plantea sobre un derecho ya reconocido y no uno por declarar.
La decisión había sido adoptada por el Tribunal desde el pasado 25 de febrero y no fue apelada por los demandantes, quedando ejecutoriada recientemente.
La Agencia de Defensa del Estado le ha evitado al Estado colombiano millonarios pagos en pleitos como el de Granahorrar, Claro (América Móvil) y Gas Natural Fenosa.
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