Por medio de un comunicado, la Junta Directiva de Afinia, filial del Grupo EPM en el Caribe, confirmó que aceptó la renuncia de su gerente general, Jhon Jairo Granada Giraldo como gerente general de la compañía.
Afinia reconoció y agradeció el compromiso de Granada Giraldo, un ingeniero civil con una trayectoria de casi cuatro décadas en sector de los servicios públicos, desempeñándose en cargos directivos a nivel municipal, regional y nacional en áreas como energía, agua, telecomunicaciones y medio ambiente.
La compañía resaltó su liderazgo en la Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC), también filial del Grupo EPM, donde fue gerente general entre diciembre de 2012 y diciembre de 2020, lo que lo llevaron a tomar las riendas de Afinia.
No obstante, la renuncia se produce en un contexto complejo para la prestación del servicio de energía en el país, especialmente en la Región Caribe. Al respecto, John Maya Salazar, líder del Grupo EPM, advirtió que la sostenibilidad de Afinia está en riesgo si el Gobierno Nacional no adopta decisiones oportunas. Además, subrayó la necesidad de una acción coordinada entre diversas entidades y actores del sector para garantizar la viabilidad de la empresa.
Por último, el documento señala que en los próximos días el Grupo EPM anunciará quién asumirá la gerencia general de Afinia. Mientras tanto, como reconocimiento a su gestión y experiencia, Jhon Jairo Granada Giraldo continuará vinculado al grupo empresarial en otras funciones estratégicas, resaltando que su voto se tendrá en cuenta para diversas funciones dentro de Afinia.
EPM pide al Gobierno que asuma operación energética en varios departamentos
EPM ha expresado su preocupación por la creciente presión financiera que afecta su liquidez. Entre los principales factores, la empresa señala la acumulación del saldo de la opción tarifaria, el aumento en los costos operativos y el incumplimiento en el pago de los subsidios destinados a los estratos 1, 2 y 3 por parte del Gobierno Nacional. Además, el incremento de la cartera morosa en entidades públicas, como instituciones educativas, hospitales y centros penitenciarios, ha agravado la situación.
A pesar de los esfuerzos para mejorar el recaudo y reducir pérdidas, la compañía reconoce que las medidas adoptadas no han sido suficientes para revertir la tendencia negativa.
En este contexto, EPM ha planteado la necesidad de dialogar con el Gobierno Nacional para explorar alternativas que mitiguen el impacto financiero. Entre las opciones evaluadas, se considera que el Estado asuma la operación en el departamento de Cesar y en 11 municipios del Magdalena, donde las dificultades de pérdidas y recaudo son aún más críticas.
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