El Acuerdo de Escazú, adoptado en Costa Rica en 2018 y ratificado en Colombia bajo la Ley 2273 de 2022, marca un hito en la protección ambiental y el acceso a la justicia en temas ambientales en América Latina y el Caribe.
Aunque su nombre sugiere otra región, este acuerdo pone en el centro a los ciudadanos en la protección de su entorno, defendiendo su derecho a información, participación y justicia en asuntos ambientales.
Se enfoca en cinco pilares fundamentales, orientados a asegurar que la sociedad civil tenga las herramientas y el respaldo necesario para actuar en defensa del medio ambiente:
- Acceso a la Información Ambiental: Busca que la información clave sobre temas ecológicos esté disponible para el público, de forma accesible, comprensible y actualizada, promoviendo la transparencia y conciencia ciudadana.
- Participación Pública en la Toma de Decisiones Ambientales: Garantiza que los grupos de interés y comunidades, especialmente las más vulnerables, puedan participar activamente desde las primeras etapas en la toma de decisiones que afecten el medio ambiente.
- Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales: Proporciona a la ciudadanía las vías judiciales y administrativas necesarias para cuestionar y apelar decisiones que impacten el acceso a la información y la participación pública en asuntos ecológicos.
- Protección de los Defensores de Derechos Humanos Ambientales: Reconoce la importancia de proteger a aquellos que defienden los derechos ambientales, mediante medidas que previenen y sancionan amenazas, ataques o intimidaciones.
- Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación: A través de alianzas, fomenta la educación y sensibilización pública en temas ambientales, promoviendo así un entorno colaborativo para el desarrollo sostenible.
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Implementación en Colombia
En agosto de 2024, la Corte Constitucional colombiana confirmó la legalidad de este acuerdo, consolidando así un respaldo formal y legal para su implementación en el país. En este contexto, entidades como Aval Ambiental resaltan la necesidad de obtener una “licencia social” en paralelo con la “licencia ambiental”.
Esto significa que no basta con cumplir requisitos técnicos y legales, sino que también es crucial que las comunidades se sientan involucradas y apoyadas en el desarrollo de proyectos.
El Acuerdo de Escazú no solo fortalece el marco de derechos ambientales en Colombia y en la región, sino que establece una base para fomentar el respeto y protección de los recursos naturales con una visión inclusiva y participativa.
Su implementación en Colombia subraya la importancia de democratizar el acceso a la información ambiental, fomentar una participación pública inclusiva y garantizar justicia para los ciudadanos en asuntos ecológicos. Además, este acuerdo protege y crea un entorno de mayor seguridad para quienes luchan por los derechos ambientales.
Además, el Acuerdo de Escazú fomenta la transparencia y la justicia ambiental, es el primer tratado que específicamente incluye la protección de defensores ambientales en América Latina y el Caribe, una región donde estos activistas a menudo enfrentan amenazas y violencia. Así, la iniciativa es un avance hacia la gobernanza ambiental inclusiva, con miras a construir un desarrollo sostenible que considere los derechos y el bienestar de todas las personas.
De esta manera, Aval Ambiental puede acompañar el desarrollo del Acuerdo de Escazú en diferentes proyectos, obras o actividades en el país.
