La declaratoria del estado de conmoción interior por parte del Gobierno de Colombia (encabezado por el presidente Gustavo Petro), en reacción a la crisis de seguridad en el Catatumbo, genera dudas y preocupaciones para el sector minero-energético, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
“La ACM extiende su solidaridad con todas las familias afectadas por la situación de violencia en la región del Catatumbo y hace un llamado al Gobierno Nacional para que reconsidere la forma en la que hasta el momento se ha manejado esta difícil situación”, destacó el gremio.
Para la Asociación, quedan serias dudas sobre si, realmente, los hechos de violencia en el Catatumbo que motivan el estado de conmoción interior fueron imprevisibles e inesperados.
“La crisis de seguridad no es nueva, durante dos años la ciudadanía y diferentes sectores: autoridades locales, opinión pública, líderes de opinión y los gremios hemos venido advirtiendo insistentemente sobre el deterioro del orden público, la pérdida de control territorial y el avance de grupos ilegales”, describió la ACM.
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Agregó que “la región ha sido un foco clave en la implementación de la política de Paz Total, una estrategia que, por su impacto directo en la seguridad y el bienestar de los colombianos, debió estar acompañada de un riguroso monitoreo de indicadores de violencia y deterioro social”.
Ante esta coyuntura, la Asociación Colombiana de Minería señaló que, en una situación como esta, se esperaría un manejo responsable de los recursos y una estrategia clara para garantizar la seguridad y la estabilidad en la región.
Y cuestionó “¿Por qué, entonces, no se administraron los riegos advertidos y no se puso en marcha toda la capacidad del Estado para atenderlos con la anticipación debida?”.
Asimismo, manifestó que es preocupante que se utilice una figura excepcional como la conmoción interior, “cuya procedencia en este caso no es clara”, para decretar impuestos a un sector que ya ha venido siendo afectado.
“La Constitución y la Ley Estatutaria que regulan los estados de excepción señalan que la Conmoción Interior sólo es admisible ante situaciones extraordinarias, imprevistas e inesperadas. Es por ello, las medidas que se emitan en desarrollo de los estados de excepción deben tener una relación directa con los hechos que originaron la declaratoria”, resaltó la agremiación minera.
Al respecto, Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM, precisó que “esta figura constitucional no puede convertirse en una herramienta para corregir la falta de previsión, las deficiencias en la gestión y administración del Estado, ni en un “fast track” para revivir iniciativas legislativas y tributarias que no avanzaron en el Congreso”.
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Es por eso que hizo un llamado al Gobierno Nacional a replantear estas decisiones “y a diseñar estrategias de seguridad y financiamiento público que sean estructurales, equitativas y sostenibles en el tiempo. El país necesita soluciones que realmente atiendan la crisis humanitaria y mejoren las condiciones de vida de las familias afectadas”.
