La Asociación Colombiana de Minería (ACM) rechazó los ataques terroristas contra el proyecto Mina de Buriticá (Antioquia), operada por Zijin Continental Gold, perpetrado por grupos ilegales que se financian de la extracción ilícita de minerales.
Este atentado, que incluyó explosiones dirigidas a la subestación eléctrica y otros sistemas críticos, obligó a detener la operación y dejó a más de 7.000 personas en riesgo económico.
“Este acto violento, que inició en la madrugada de ayer, no solo representa una grave amenaza para la vida de miles de trabajadores, sino que también busca desestabilizar las operaciones legales en la región, para favorecer la expansión de bandas criminales y terroristas”, afirma el gremio minero.
En menos de un mes se han presentado tres ataques en operaciones mineras en diferentes puntos del territorio nacional, lo que evidencia un patrón de violencia sistemática, para controlar los recursos y perpetuar la ilegalidad en los territorios, advierte la ACM
“Es inaceptable que los grupos ilegales sigan actuando con total impunidad, poniendo en riesgo no solo la vida y la seguridad de los trabajadores, sino también la estabilidad económica de comunidades enteras que dependen de la minería legal. Estos ataques no solo buscan despojar al país de sus recursos, sino que también debilitar el orden institucional y la confianza en el Estado”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
Impactos en Buriticá y en el sector minero
El ataque en Buriticá, que incluyó explosiones dirigidas a la subestación eléctrica de la mina, obligó a detener la operación, afectando sistemas críticos como el de ventilación, comunicaciones y drenaje, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas.
La compañía reportó hasta el momento un herido y graves afectaciones, situación que amenaza a 1.500 empleados directos, 2.500 contratistas y 12 empresas de formalización minera, para un total de 7.000 personas afectadas en la región.
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En este momento la compañía reporta que la operación sigue siendo atacada con cilindros bomba, tatucos y disparos, con el único fin de ganar territorio al interior de la Mina y apodarse del mineral.
Ante esta situación, la asociación ha exigido al Gobierno Nacional medidas inmediatas para proteger las operaciones legales y combatir las redes delictivas.
“La ACM le exige categóricamente al Gobierno Nacional tomar medidas inmediatas y contundentes, para garantizar la seguridad en zona y proteger las operaciones legales y la vida de los colaboradores. Es necesario fortalecer la seguridad, combatir las redes criminales y garantizar la estabilidad en el territorio”, concluyó el líder del gremio minero.