La Corte Constitucional declaró que el Ministerio de Salud ha incumplido con los compromisos financieros establecidos para el año 2024, específicamente en relación con los presupuestos máximos.
En respuesta, la Corte abrió un incidente de desacato contra el ministro de Salud por no seguir órdenes emitidas en el Auto 2881 de 2023.
La decisión fue tomada por la sala especial de seguimiento a la sentencia T-760 de 2008, encargada de evaluar el cumplimiento de las directrices relacionadas con los presupuestos máximos.
Los argumentos de la Corte en contra del ministro de Salud
La Corte Constitucional sostuvo que no se han girado los recursos, a pesar de la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) para que el Ministerio de Hacienda transfiriera los $819.000 millones destinados al reajuste de los presupuestos del 2022.
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El otro punto que señaló el tribunal fue la falta de una metodología unificada, ya que más de seis meses después de la notificación de la orden, “aún no se ha creado una metodología para definir y ajustar los presupuestos máximos, tal como se había ordenado”.
¿Qué sigue?
Ante estos incumplimientos, la Corte ordenó al ministro de Salud que cumpla con las medidas ordenadas en un plazo máximo de 48 horas, y que se realicen los pagos correspondientes para el año 2024. Además, advirtió sobre la falta de financiación suficiente para cubrir los presupuestos del segundo semestre de 2024 y señaló que los pagos siguen siendo tardíos.
La Corte también ordenó al Ministerio de Hacienda transferir los recursos necesarios para garantizar que el Ministerio de Salud cumpla con los pagos establecidos.
Finalmente, la Corte destacó que la demora en los pagos pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y el acceso de los afiliados al sistema de salud.
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