El Tribunal Administrativo de Santander, en cabeza de la magistrada Luisa Fernanda Flores Reyes, abrió formalmente un incidente de desacato contra la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Susana Muhamad, debido a los incumplimientos y retrasos en la delimitación del Páramo de Santurbán, desobedeciendo una orden dada por la Corte Constitucional hace más de siete años.
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De acuerdo con el auto proferido por el Tribunal, el incumplimiento de la ministra, en especial de la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, la funcionaria estaría yendo “en detrimento de los derechos fundamentales protegidos” por el órgano judicial, lo que podría acarrear millonarias sanciones económicas contra Muhamad.
El Tribunal de Santander señaló que la líder de la cartera de Ambiente no ha cumplido con el cronograma establecido, no ha asistido a reuniones obligatorias y ha manifestado -en reiteradas ocasiones a la comunidad- que no cuenta con el presupuesto necesario para ejecutar la delimitación del Páramo de Santurbán.
Según Muhamad, los recursos para realizar las reuniones de concertación y otras actividades obligatorias estipuladas por la Corte no han sido apropiados en el Presupuesto General de la Nación.
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Además, en el último año, la gestión sobre este proceso ha sido prácticamente nula, como lo evidenció un informe de diciembre de 2024 revelado por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.
La Procuraduría señaló que “la grave situación ambiental en la zona, marcada por la minería ilegal y una alarmante contaminación por mercurio en las fuentes hídricas, superando hasta 40 veces los límites internacionales permitidos, es consecuencia directa de la inacción de las autoridades encargadas de garantizar la protección de este territorio«; es decir, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Las reacciones ante la falta de acción de Muhamad por el Páramo de Santurbán
Ivonne González, veedora ciudadana y líder de los pequeños mineros legales de Vetas, indicó que “las comunidades recibimos con esperanza el desacato que se le acabó de abrir a la doctora Susana Muhamad, como ministra de Ambiente, ya que lo creemos justo y necesario”.
Para la líder “(Muhamad) lleva tomando el pelo, burlándose de esta sentencia, de las comunidades, del tribunal y de la Corte Constitucional. No ha querido darle cumplimiento a la delimitación que ya debería estar solucionada”.
De acuerdo con González, Susana Muhamad trató de convertir en páramo lo que no es, “cuando vio que, técnicamente, no lo podía hacer, simplemente abandonó este proceso, inclusive lo quiere retroceder. Ahora quiere imponer una zona de reserva sin concertar con más comunidades, violando el Acuerdo de Escazú, y basándose en una interpretación equivocada de otra sentencia”.
La líder comunitaria alertó que en Colombia no hay garantías y que se están tomando decisiones ambientales que afectan la autonomía y el ordenamiento territorial de los municipios y/o departamentos.
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Más detalles de la decisión del Tribunal de Santander
Según el documento del Tribunal de Santander, la no delimitación del Páramo de Santurbán por parte del MinAmbiente ha generado retrasos significativos en un proceso que tiene en vilo a cientos de campesinos, agricultores, mineros tradicionales y comunidades.
De hecho, se ha denunciado que las economías de estos actores se han afectado por casi una década debido al incumplimiento del Ministerio.
Lea el auto completo del Tribunal de Santander sobre el Páramo de Santurbán aquí.
Como lo ordenó el Tribunal, el proceso de delimitación lleva más de siete años en espera, por lo que los organismos de control han advertido que la falta de concertación, planeación, el aplazamiento de reuniones y la ausencia de medidas concretas para avanzar en el cumplimiento de la sentencia de la Corte, tiene en vilo a municipios como Vetas, California, Suratá, Salazar, Arboledas, Cáchira y Bucaramanga, entre otros.
Ante este panorama, los órganos de control han insistido en la urgencia de cumplir con la delimitación del Páramo de Santurbán antes de declarar normas sobre ese territorio, como la zona de reserva en siete municipios de Soto Norte.
Asimismo, la Procuraduría y la Defensoría han exigido frenar cualquier medida ambiental, cumplir de manera efectiva con un proceso de concertación claro, y tener una metodología de participación amplia de las comunidades locales (como lo estipulan el Acuerdo de Escazú y tres sentencias de la Corte Constitucional de 2014, 2017 y 2024).
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“A pesar de haberse programado 31 mesas de trabajo con las comunidades, solo seis se han realizado, lo que ha dejado en la incertidumbre a las comunidades”, indica el Auto.
Hay que decir que, en el marco del proceso, el Tribunal ha requerido a la ministra Muhamad para que en un plazo de cinco días justifique las razones del incumplimiento o, en su defecto, cumpla con las órdenes judiciales establecidas.
También ha advertido que la falta de una delimitación clara ha incrementado la extracción ilícita de minerales en el ecosistema, afectando gravemente la cuenca hídrica que abastece de agua potable al área metropolitana de Bucaramanga y elevando la informalidad en la región.
