El abogado penalista y docente universitario Fernando Velásquez Velásquez advirtió, en su columna de este domingo en El Colombiano, que Jaime Gilinski busca, siendo socio minoritario, convertirse en el dueño de los grupos Nutresa, Sura y Argos.
“Los Gilinski no buscan que les reconozcan un derecho, sino que les entreguen, sin nada a cambio, el control de Nutresa, Sura y Argos”, señala el también doctor en Derecho y Ciencias Políticas.
A continuación, la columna completa:
Las tretas de Gilinski
La toma hostil de los tres grupos empresariales más importantes de Antioquia por parte de Jaime Gilinski Bacal, ha entrado en un nuevo episodio lleno de subterfugios ideados junto a sus abogados, para lograr lo impensable: que un socio minoritario se vuelva el dueño de tres empresas sin pagar por ellas.
Como trascendió esta semana, el señor Gilinski demandó ante la Superintendencia de Sociedades a Grupo Nutresa, Grupo Sura, Grupo Argos, y a representantes legales de estas empresas. Con ello pretende que la obsecuente Superintendencia de Sociedades diga que los representantes legales de Sura y Argos estaban en conflicto de intereses para votar en la elección de la junta directiva de Nutresa de 2022. Y esto, alegando que así decidirían sobre su permanencia en los cargos los presidentes de Grupo Sura y Grupo Argos. Todo un sinsentido legal que desconoce las reglas de gobierno empresarial.
Además, el demandante solicitó trámite reservado –que se volvió costumbre en las superintendencias–, o sea, a espaldas del público, de los demandados, y que estos solo se enteraran cuando se decretaran medidas cautelares, lo que en este caso no ocurrió. Con la jugadita de malos ajedrecistas, los Gilinski no buscan que les reconozcan un derecho, sino que les entreguen, sin nada a cambio, el control de Nutresa, Sura y Argos. Pero la estrategia no les funcionó.
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La demanda está suspendida y, por tanto, Grupo Sura y Grupo Argos sí pueden votar. Y está suspendida porque fue recusado el juez que la admitió, Carlos Gerardo Mantilla Gómez (superintendente delegado de Procedimientos Mercantiles). Graves problemas de amnesia acompañan a este señor juez: fue él mismo quien pidió hace solo meses a la Superfinanciera abrir investigación contra estas tres empresas por un tal control conjunto que no existe. Y, tal vez por mera casualidad, fue movido de puesto en la Supersociedades y ahora actúa como juez, como reveló El Colombiano, el jueves pasado.
Sin saber qué otras jugadas preparan los Gilinski, Grupo Argos y Grupo Sura optaron por el camino claro y seguro – propio de quien sí respeta la legalidad –. Cada una convocó asamblea extraordinaria de accionistas para que decidan sobre el supuesto conflicto de intereses.
No se necesita ser experto en estas materias para concluir que Gilinski no conoce de límites en su errante empeño de tomarse el control de esas empresas de la forma más hostil posible y pasando por encima de los derechos de los demás accionistas.
En un Estado de Derecho a ningún juez que cumpla con los dictados del ordenamiento, le es posible adoptar una decisión que entregue el control de una empresa a un accionista que solo tiene un 30% de ella. Y en este caso, se trata de una empresa clave para la seguridad alimentaria de Colombia.
Por eso, hago un llamado urgente a la clase dirigente antioqueña, al empresariado nacional, a los trabajadores de estas empresas, para que se movilicen y se pronuncien contra este tipo de procederes. Nutresa, Sura y Argos son patrimonio de miles de familias, generan empleo, apoyan la cultura, son ejemplo de transparencia y aportan al funcionamiento del Estado; sus directivos, que algunos pretenden vapulear de diverso modo, deben ser apoyados, máxime si por ellos habla una vida honesta, recta y al servicio del colectivo social.
Pero este llamado, también lo dirijo de forma respetuosa a la Procuraduría General de la Nación para que se ocupe de revisar si la Supersociedades está obrando de forma imparcial como entidad que administra justicia para el sector privado y cuyo rol es fundamental en la seguridad jurídica que requiere cualquier inversionista. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar en Colombia este irrespeto al orden constitucional y legal?
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