La Contraloría General de la República advirtió en su pronunciamiento que la ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar) es el detrimento patrimonial más grande en toda la historia de Colombia al sumar US$2.400 millones.
Esto es equivalente a 4 veces el fallo de Saludcoop, que debían invertirse en la remodelación de la Refinería de Cartagena.
La entidad le imputó cargos por responsabilidad fiscal en este caso a Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, expresidente de Ecopetrol; Pedro Alonso Rosales Navarro, ex vicepresidente ejecutivo del Downstream de Ecopetrol; Diana Calixto, exjefe de la Unidad Corporativa de Filiales de Ecopetrol; Hernando José Gómez, miembro independiente como exdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP); Henry Medina González; Uriel Salazar Duque; Natalia Gutiérrez Jaramillo; Astrid Martínez; y Carlos Gustavo Arrieta.
Y con responsabilidad fiscal solidaria, la Contraloría imputó a Orlando Cabrales Martínez y Reyes Reinos Yanes, expresidentes de Reficar; Magda Manosalva, exvicepresidente Administrativa y Financiera de Reficar; Carlos Bustillo Lacayo y Andrés Virgilio Riera Burelli, exvicepresidentes de proyecto de Reficar, y a César Luis Barco García, director Corporativo de Proyectos de Ecopetrol. Los seis habrían contribuido “a la pérdida de las inversiones” según la entidad.
La Contraloría General explicó que las imputaciones se dan tras corroborar que “se vulneró la promesa de valor de las inversiones del proyecto al pagarse mayores costos por mano de obra y subcontratos, que ponen en jaque la recuperación del dinero invertido con la rentabilidad esperada por la Nación como accionista mayoritario”.
En un comienzo, la modernización de la Refinería de Cartagena (Reficar) tenía un valor estimado de US$3.777 millones que se multiplicaron hasta alcanzar los US$8.326 millones, lo que representa un sobrecosto de US$4.500 millones de los cuales la Contraloría advirtió que por lo menos US$3.500 millones “se habrían destinado a financiar mano de obra adicional ocasionada por la baja productividad que fue persistente a lo largo de toda la ejecución del proyecto y sobre lo cual no se tomaron acciones preventivas ni correctivas, oportunas y efectivas”.
También se encontraron irregularidades como la compra de una póliza de US$1 millón para asegurar que se cumpliera el contrato con CB&I, el grupo de empresas que estaba a cargo de realizar la obra, y también se firmaron los acuerdos MOA y PIP en 2014 “para pagarle a CB&I las facturas sin restricciones ni controles. Por medidas como esta se reembolsaron a CB&I costos no razonables por baja productividad, demoras y re-trabajos por defectos en diseños e ingeniería detallada, y sobrecostos en materiales de construcción”, añadió la entidad de control.
En la misma medida, la Contraloría General anunció que se archivaban las investigaciones por el mismo caso que cursaban contra 16 exintegrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol.
Quienes recibieron el archivo de sus investigaciones son: Mauricio Cárdenas Santamaría, Juan Carlos Echeverry, Carlos Rodado Noriega, Fabio Echeverri Correa, Federico Rengifo Vélez, Joaquín Moreno Uribe, Mauricio Santamaría, Tomás González Estrada, Jorge Pinzón Sánchez, Horacio Ferreira R, Roberto Steiner Sampedro, Luis Fernando Ramírez Acuña, Amilkar Acosta, Luis Carlos Villegas Echeverri, Ana Fernanda Maiguashca Olano y Gonzalo Restrepo.
(Con información de Dinero. Foto de portada: Semana)
