A pesar de estar incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Estado se encuentra en mora del pago de sentencias judiciales a cientos de colombianos.
Hasta el momento, cientos de víctimas de falsos positivos, de otros hechos acontecidos en el marco del conflicto armado, de privación injusta de la libertad y lesiones a jóvenes que prestaron el servicio militar obligatorio, entre otros, siguen esperando el dinero correspondiente a su reparación, ya que el Gobierno Nacional, a través del decreto 960 del 22 de agosto de 2021, solicitó una prórroga para el decreto que reglamentaba en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), lograr acuerdos de pago sobre sentencias y conciliaciones que se encuentren en mora hasta el 31 de octubre del presente año, con cuentas de cobro acumuladas incluso desde el 2014. Vea más en Noticias Políticas.
La situación, que se complicó más por las medidas adoptadas en la administración pública para enfrentar la pandemia, ya que en las entidades no se cuenta con los recursos humanos, técnicos o financieros para gestionar los acuerdos de pago conforme al PND.
De acuerdo con Alexa Estupiñán, abogada de Conactivos: “Se han generado suspicacias entorno al proceso de pago que ha determinado el PND vigente y sus Decretos subsiguientes, porque se conocen unos pocos casos de ciudadanos a los que sí se les realizó el pago de manera ágil, mientras que otros beneficiarios, con turnos de pago más antiguos, todavía siguen esperando”.
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Una alternativa para muchos colombianos que adelantan demandas contra Estado es la compra de sentencias, ya a pesar de tener un fallo a su favor, tienen que esperar 7 años o más para recibir el dinero de la reparación, de esta forma Conactivos se ha convertido en una opción para muchos beneficiarios, ya que pueden recibir sus pagos en un lapso no mayor a cuatro meses.
Para este año, las entidades que más acumulan deuda por pago de sentencias (con cifras aproximadas que incluyen intereses) son el Ministerio de Defensa con $ 5.8 billones, la Fiscalía General de la Nación con $ 2.6 billones y la Policía Nacional con $ 2.1 billones; montos que sin duda siguen aumentando debido, a que el presupuesto asignado cada año para el pago de este rubro, no alcanza ni a cubrir el 10% de la deuda existente. Aumentando la difícil situación socioeconómica de la mayoría de los beneficiarios de sentencias con una grave afectación a su calidad de vida y la de sus familiares, que incluso fallecen sin que reciban el dinero al que tienen derecho.
Aunque la ley determina realizar pagos en un tiempo no mayor a 18 meses, la realidad se aleja ampliamente de esos términos, y en muchos casos, se demora hasta más de 7 años para que víctimas de privación injusta de la libertad, de malas actuaciones de entidades públicas o de falsos positivos, reciban su pago. Para 2019, la deuda acumulada por sentencias y conciliaciones sobrepasaba los $ 10 billones, según la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado.
