En medio de una compleja coyuntura en materia de seguridad que enfrenta Colombia, el presidente Gustavo Petro y el defensor del pueblo, Carlos Camargo, sostuvieron una reunión para conocer la seguridad en los municipios.
Durante este encuentro, la Defensoría del Pueblo presentó al presidente Gustavo Petro los mapas de riesgo relacionados con el orden público en anticipación a las elecciones de octubre.
Estos mapas subrayan que un total de 380 municipios están sometidos a niveles de riesgo alto o extremo en todo el territorio nacional.
Según la Defensoría, la presencia y circulación de grupos armados ilegales han impactado negativamente en estos municipios.
La entidad manifestó que ha observado de cerca los movimientos de estos grupos y ha establecido el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH), como marco de referencia en su seguimiento de los decretos de cese al fuego emitidos por el Gobierno Nacional.
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Datos de la seguridad en los municipios de Colombia
En una previa declaración el 27 de julio, el Defensor del Pueblo advertía que 75 municipios estaban en alto riesgo para el ejercicio de los alcaldes.
Entre estos se mencionaban algunos como: Cartagena del Chairá en Caquetá y Puerto Guzmán en Putumayo, donde incluso se tuvo que gestionar el despacho de autoridades desde las capitales de los departamentos.
No obstante, este número aumentó considerablemente, a menos de 20 días el nuevo reporte indica que 380 municipios están en riesgo.
La Defensoría del Pueblo, dice que ha venido informando sobre la expansión de grupos armados ilegales en el territorio, a través de su sistema de alertas tempranas.
En la declaración de Camargo en la Casa de Nariño, dijo: “Le expresamos a su vez al señor presidente de la República el acompañamiento desde la Defensoría permanente a la política pública de Paz Total”.
Camargo además mencionó que le hizo una precisión muy puntual y tiene que ver con el cese inmediato de cualquier afectación en los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones en el territorio.
La entidad hace un llamado a que estos grupos abandonen la población y cesen el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, contribuyendo así a mantener a las personas al margen del conflicto.
