Luego de que la Corte Constitucional de Colombia diera a conocer que suspendía la medida sobre la no deducibilidad de las regalías para las empresas que explotaban recursos naturales en Colombia, más precisamente sobre el actuar de algunas mineras y petroleras, el gobierno Petro reaccionó a la posición del alto tribunal.
La medida fue aprobada por el Congreso de la República en el marco del debate de la reforma tributaria que cursó y se avaló en el año 2022.
Decía la medida sobre la no deducibilidad de regalías en Colombia que: “La contraprestación económica a título de regalía de que tratan los artículos 360 y 361 de la Constitución Política no será deducible del impuesto sobre la renta ni podrá tratarse como costo ni gasto de la respectiva empresa. Para efectos del impuesto sobre la renta, el monto no deducible correspondiente a las regalías pagadas en especie será al costo total de producción de los recursos naturales no renovables”.
Sin embargo, la Corte Constitucional echó para atrás lo aprobado sobre la base de que deben estudiarse todos los efectos posibles sobre la competitividad de las empresas y la afectación para el desarrollo económico del país.
Dijo en su momento la Corte que “la decisión de inexequibilidad adoptada en la Sentencia C-489 de 2023 tiene un impacto fiscal significativo. Para el 2024, el efecto del fallo en el flujo de caja de la Nación asciende a seis billones seiscientos cincuenta y seis mil millones de pesos”.
Lo que viene para la no deducibilidad de regalías en Colombia
Al tiempo que agregó que esa no deducibilidad, en el mediano plazo, “se traduce en una menor disponibilidad de recursos por el orden de $2,8 billones, promedio por año entre 2025 y 2034, equivalentes a 0,12 % del PIB”.
Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda de Colombia, explicó que el proceso sigue con lo que tiene el Gobierno por sustentar frente al alto tribunal por la no deducibilidad de las regalías en Colombia y la necesidad de que ese procedimiento se dé mediante otros mecanismos.
Al tiempo que se espera que la Corte avance en el proceso y, antes de dos meses, se defina si lo aprobado por el Congreso de la República puede aplicarse en Colombia.
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“Esta decisión significa que temporalmente la Corte suspende la aplicación de la decisión mientras convoca al Ministerio de Hacienda a informar y sustentar la posición para tomar una decisión final”, concluyó Bonilla.
