Diana Margarita Ojeda Visbal, procuradora delegada envió una carta a la ministra de Trabajo de Colombia, Gloria Inés Ramírez, con las observaciones y preocupaciones del ente de control sobre la reforma pensional que sigue su curso en el Congreso de la República tras la aprobación -en la noche del miércoles- por el Senado.
“Presentamos observaciones al proyecto de Ley 293 de 2023 ‘Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez‘- ‘Cambio por la Vejez‘, por lo que, reiteramos los graves riesgos para el presente y el futuro de la seguridad social pensional de los colombianos”, dice la misiva.
Ya que, para la delegada, el texto aprobado no contó con los estudios técnicos y recomendaciones realizadas por diferentes expertos.
“El Senado aprobó el texto de la reforma pensional con modificaciones, sin una discusión técnica y completa del articulado; al votar en bloque, en algunos de los artículos no se atendieron los diferentes análisis poblacionales, demográficos, laborales, técnicos, económicos, fiscales, entre otros, realizados por la academia, expertos en pensiones, centros de estudios sociales, económicos y financieros (Anif, Fedesarrollo, etc.)”, precisó la experta.
Y destacó que tampoco se tuvieron en cuenta los diferentes análisis técnicos, jurídicos y financieros expuestos por Asofondos, los cuales buscan garantizar los derechos de los afiliados, ahorros y sostenibilidad financiera del sistema.
Ojeda Visbal recalcó que la Procuraduría ha planteado que el proyecto de reforma pensional cuente con cálculos actuariales, estudios de impacto fiscal, que aseguren su sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo, tomando en cuenta, entre otros factores, la creciente informalidad laboral y transición demográfica que permiten prever el aumento de la población adulta mayor, respecto de los aportantes al sistema.
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La delegada resaltó un anuncio de la ministra Ramírez sobre una nueva reforma pensional que se tendría que dar en el país entre 12 y 15 años.
“¿Porque no revisar los aspectos legales que se requieran en este momento para lograr una reforma acorde con las necesidades actuales y futuras del país?”, es la pregunta de la Procuraduría General de la Nación.
Otras preocupaciones del Ministerio Público sobre la reforma pensional
Según la Procuraduría, este proyecto no amplió de ninguna manera cobertura, los pilares solidario y semicontributivo, que ya hacen parte de la legislación colombiana. De acuerdo con la experta, esto podría modificarse a través de decretos y con cargo al Presupuesto General de la Nación.
“Es un deber proteger los recursos de los afiliados a los fondos privados y no utilizar sus ahorros para el pago del pilar solidario y semicontributivo contenidos en el proyecto, que como se ha manifestado, ya existen legalmente”, indicó la entidad.
Diana Ojeda, procuradora delegada, expuso que para aumentar la cuantía de las transferencias no se requiere una ley, sino un esfuerzo fiscal del Presupuesto General. Reiteró que estos dos pilares no deben subsidiarse con los aportes de los afiliados al Sistema General de Pensiones.
Otro de los aspectos más delicados y graves del proyecto de reforma pensional en Colombia, en línea con la Procuraduría, es la conformación de un fondo público, con los recursos de los cotizantes afiliados a las AFP que pasarían a Colpensiones.
“La iniciativa inicial de la conformación de este fondo es riesgosa, máxime cuando tenemos antecedentes históricos de los manejos administrativos que hacía el Gobierno de turno con el Instituto de Seguridad Social (ISS), por lo que, es grave para el país que este fondo estuviera a cargo de Colpensiones”, argumentó.
Pero, como se sabe, en el más reciente debate se estableció que será el Banco de la República quien administre este fondo. “Es importante para asegurar la correcta disposición y destinación de los recursos de los ahorradores, no obstante, es necesario profundizar al respecto”, dijo la procuradora delegada.
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También, en la carta, se le pidió a la ministra de Trabajo revisar la entrada en vigor de la reforma pensional -que está prevista para el segundo semestre de 2025-, pues Colpensiones no cuenta con la capacidad técnica, administrativa, ni operativa, para la implementación de la norma.
Para la experta del Ministerio Público, se requieren mínimo dos años para iniciar la implementación paulatina del nuevo modelo propuesto.
Asimismo, expuso que Colpensiones se ha visto en alertas constantes por recargos en su sistema y falta de capacidad de operación. “Se emitió una alerta, en el segundo semestre de 2023, sobre la situación de la entidad en la que se refleja la grave congestión y retraso en la decisión de prestaciones económicas que podrían afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
Añadió que “el término de entrada de la nueva ley no permitirá realizar las modernizaciones necesarias, teniendo en cuenta que Colpensiones no está preparada para asumir la implementación de este proyecto de reforma; carece de desarrollos tecnológicos, capacidad administrativa y operativa, entre otros problemas estructurales y coyunturales”.
En consecuencia, desde la Procuraduría se considera que la vigencia de la normativa sea, mínimo, para mediados de 2026.
Finalmente, en la carta de la representante de la Procuraduría General de la Nación, los debates de la reforma pensional en la Cámara de Representantes deben darse de manera técnica, profesional, analizada, sin sesgos, sin aprobaciones en bloque.
Se pide que se busque el consenso y contar con estudios actuariales; respetar los ahorros de los afiliados.
“Es necesario tener cuenta las fuentes de financiación de los costos que se generarán con esta implementación y que sean compatibles con el marco fiscal a mediano y largo plazo. Reiteramos que la generación de empleo, formalización laboral y ahorro son los principales factores de sostenibilidad de los sistemas de seguridad social”, finaliza el documento.
