El ministro de Transporte, William Camargo, deberá responder ante la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en un contrato del puerto de Buenaventura.
De acuerdo con el ente de control, la indagación se da por haber revocado el millonario proceso que buscaba prorrogar una concesión en el muelle 13 de dicha terminal.
En plata blanca, el ministro de Transporte y el equipo directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aprobaron en diciembre esta ampliación, pero solo cinco días después reversaron su decisión.
Investigación a ministro de Transporte por contrato de puerto de Buenaventura
El contrato le había sido ampliado a Grupo Portuario S.A., pero a finales del año pasado le fue quitado e, incluso, el presidente Gustavo Petro dijo semanas después que este sería para los pescadores de la región.
Además del ministro de Transporte, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría investigará por este caso a dos viceministros encargados (de Hacienda y Ambiente), así como al subdirector general de prospectiva y desarrollo nacional del DNP, Juan Miguel Gallego.
De igual forma, la investigación por el contrato en el puerto de Buenaventura será contra la vicepresidenta de gestión contractual de la ANI, Carolina Barbanti, y contra el vicepresidente de gestión contractual y vicepresidente jurídico ad hoc de la ANI, Gustavo Salazar.
Vale recordar que, por esta decisión, el presidente de Grupo Portuario, Álvaro Rodríguez, reconoció hace unos meses vivir «un infierno» por este caso.
“Que le comuniquen a uno el día de los inocentes que su prórroga no se hará, después de haber cumplido dos años y medio de trámites y estrictamente con lo que señala la ley, pues no es nada estimulante”, añadió.
Por lo anterior, el ministro de Transporte deberá responder por el contrato en el puerto de Buenaventura.
¿Por qué investigarán al MinTransporte por este caso en puerto de Buenaventura?
La entidad de control, según un comunicado, validará las razones por las que el Consejo Directivo de la ANI, en sesión extraordinaria, no aprobó la prórroga y modificación del contrato de concesión portuaria, que había aprobado solo cinco días antes por el mismo grupo.
Según las pesquisas preliminares del Ministerio Público, los investigados habrían incurrido en falsa motivación, al argumentar que esto lo hicieron así por la posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura.
No obstante, no le aportaron evidencias a los investigadores, ni presentaron el concepto de la Superintendencia de Puertos sobre este tema.
Como si fuera poco, el ministro de Transporte y los demás funcionarios habrían desconocido el concepto emitido por el Establecimiento Público Ambiental (EPA), máxima autoridad ambiental en el área urbana y suburbana del distrito.
De igual manera, los funcionarios pudieron violar el debido proceso en el trámite adelantado frente la solicitud de modificación sustancial del contrato del puerto de Buenaventura.
Esto porque habrían desconocido la preclusión de las etapas, la conformación del Consejo Directivo y por la no participación de este en el trámite del recurso de reposición.
Con esta etapa procesal y la solicitud de pruebas que se hizo la entidad, busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria, y definir si los implicados actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
