Uno de los empresarios de mayor trayectoria en el sector de infraestructura asegura vivir “un infierno”, por cuenta de una decisión del presidente Gustavo Petro que involucra al puerto de Buenaventura.
Se trata de Álvaro Rodríguez Acosta, cofundador de Ventura Group y quien tiene a cargo la operación de un muelle en esa región del país.
De hecho, la firma, a través de la filial Grupo Portuario, administra el muelle 13 del puerto de Buenaventura, donde realizan servicios de atraque preferencial y operación de buques graneleros y minerales.
El empresario ha estado a cargo del contrato desde hace 20 años y, al cierre del año pasado, esperaba renovar su concesión por un periodo igual, es decir, hasta 2044.
La decisión de Petro que generó un «infierno» para empresario
No obstante, como reveló Revista Cambio en diciembre, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió solo renovar este contrato por un año, para luego dárselo a un nuevo operador.
Incluso, tomó esta decisión luego de haber firmado otra resolución que sí habilitaba a Grupo Portuario a controlar el muelle 13 del puerto de Buenaventura por otras dos décadas.
En la práctica, la entidad se echó para atrás en un lapso de menos de una semana, dejando de lado los trámites hechos por la compañía en los últimos dos años y medio.
Ante esta realidad, el presidente de Ventura Group, Álvaro Rodríguez Acosta se pronunció en la Asamblea de Afiliados de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), celebrada este 22 de febrero.
En el lugar, el empresario destacó el acompañamiento del gremio en esta situación y agregó: “Hemos vivido, en especial yo, después de 30 años, un infierno de 30 días”.
Además, afirmó: “Que le comuniquen a uno el día de los inocentes que su prórroga no se hará, después de haber cumplido dos años y medio de trámites y estrictamente con lo que señala la ley, pues no es nada estimulante”.
Posibles demandas y respuesta del gobierno Petro
De otro lado, Valora Analitik pudo establecer que la compañía ya interpuso los recursos ante la decisión tomada por la ANI al cierre del año anterior, con el fin de intentar recuperar la concesión a largo plazo en el puerto de Buenaventura.
No obstante, si esto no sucede, la compañía interpondrá una demanda contra el Estado, argumentando que se infringieron normas del sector.
Por su parte, hace unas semanas, el presidente Petro confirmó el fin de la concesión en el muelle 13 y agregó que, en lugar de estar en manos de empresas, este debe pasar a las comunidades.
“El muelle en Buenaventura debe ser de las cooperativas genuinas de pescadores en esa región del país”, dijo.
Y agregó: “Los señores que tienen el lote en la parte de atrás del muelle quieren el pedazo de la Armada y que está junto al mar. La Armada no sabe qué hacer, pero eso lo definirá el ministro de Transporte. Lo claro es que hay un puerto para los pescadores de la región”.
