El megaproyecto Mulaló – Loboguerrero, que estaba previsto para quedar listo hace dos años, no ha podido iniciar su fase de construcción y la puja por esto está para alquilar balcón.
De hecho, recientemente, su caso ha sido tomado como ejemplo por el gobierno de Gustavo Petro para revisar si es necesario seguirle inyectando recursos, aun cuando las obras no han arrancado.
Se trata de una megavía en el Valle del Cauca que fue adjudicada en 2014 y con la cual se completó la histórica primera ola de proyectos de cuarta generación (4G).
No obstante lo anterior, diversos problemas han llevado a que, 10 años después, su ejecución sea prácticamente nula y su destino final se definirá en un tribunal de arbitramento.
¿En qué va el megaproyecto Mulaló – Loboguerrero?
El megaproyecto está a cargo de las firmas Prodevimar y Epiandes, ambas pertenecientes a Corficolombiana y, por ende, a Grupo Aval.
A pesar de su amplia experiencia en el sector, estas no han avanzado en la construcción de la vía Mulaló – Loboguerrero, por cuenta de diferencias entre la concesión y el Gobierno.
“Da tristeza porque es una carretera demasiado importante para el país y debía haber sido terminada hace dos años”, dijo María Lorena Gutiérrez, presidenta de Corficolombiana.
Y agregó que el megaproyecto está parado por temas de licencias ambientales y consultas previas, que no han podido dirimir con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
De hecho, esto los llevó a instaurar un nuevo tribunal de arbitramento contra la entidad, luego de haber perdido otro a inicios de año, que les ordenó iniciar los trabajos.
No obstante, los empresarios alegan que las condiciones económicas han cambiado y, por ende, requieren de una actualización de precios, que, en la práctica, implica un reconocimiento de mayores recursos para ejecutar la megavía en el Valle.
Las claves del tribunal de arbitramento
“Nosotros dispuestos a hacer la carretera o que la haga alguien (…). Pero hacer algo que se debía haber hecho hace cinco años no cuesta igual que lo que sería hacerlo ahora”, detalló la presidenta de Corficolombiana.
Y agregó que el futuro laudo definirá qué hacer con la obra: una opción continuar, junto con un restablecimiento económico del contrato, y la otra es liquidarlo.
Por su parte, el ministro de Transporte, William Camargo, explicó que aún no está claro si hubo o no un eximente para el concesionario, por cuenta de la demora en expedir una licencia ambiental.
Eso sí, lo cierto es que el megaproyecto volvió a entrar en litigios y serán unos árbitros quienes tengan la última palabra.
Según Camargo, mientras esto sucede, la vía Mulaló – Loboguerrero sumará este año $2 billones en fiducias, que están congelados por no haber iniciado su construcción.
“Esto no es saludable para la economía ni para las concesiones, porque no tienen incentivos para empezar la ejecución de obras (…). Es importante revisar el tema”, anotó el funcionario en Caracol Radio.
